Los abogados de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentaron un hábeas corpus preventivo luego de advertir que un grupo de policías persigue, hostiga y amenaza a la familia de Fabián Gorosito y a los testigos del crimen ocurrido en Merlo en 2010. En este momento, en los Tribunales de Morón se desarrolla el segundo juicio contra una mujer civil y once agentes de la comisaría de Mariano Acosta que habían sido absueltos en un primer debate oral.
La CPM pidió que se extremen las medidas de protección y resguardo físico sobre ellos. El hecho más claro se registró el viernes por la noche “después de una reunión en el domicilio del abogado querellante, cuando móviles policiales —uno de ellos sin patente— a alta velocidad y con las sirenas encendidas rodearon el auto en el que se trasladaban María Viera, madre de Fabián, y otros tres jóvenes que fueron víctimas de torturas”, indicó el organismo en un comunicado.
Los denunciantes detallaron que estos automóviles sospechosos siguieron a las víctimas por unas 20 cuadras. No se trataría de episodios aislados y describieron una serie de graves acontecimientos: seguimientos con móviles de civil y policiales no identificados; presencia de automóviles apostados en los domicilios particulares con ocupantes que toman fotografías de las personas involucradas en el juicio; un imputado que merodea el colegio donde asiste el hijo de una de las víctimas; otra de las víctimas que llega un día a su casa y encuentra a todos sus perros muertos por envenenamiento.
Todos estos hechos ocurren mientras se desarrollan las audiencias del segundo juicio por el asesinato de Gorosito y las torturas a otros tres jóvenes, sucedidas en 2010. Según se pudo reconstruir, la víctima, de 22 años, fue encontrada muerta tras haber tragado barro de una zanja el 15 de agosto de 2010 en un descampado de Mariano Acosta, Merlo.
Los once policías –y la pareja de uno de ellos- sospechados de torturar y asesinar al pibe pertenecían a la seccional local. En 2013, fueron todos absueltos en un escandaloso y cuestionado fallo. Tal es así que Casación anuló la sentencia y más tarde otro tribunal condenó a uno de los agentes por atormentar a tres amigos de la víctima en un episodio anterior pero vinculado al caso.
La presentación de la Comisión fue realizada ante el Juzgado de Garantías 6 de Morón, en la que se denuncia “el accionar ilegal característico de las fuerzas de seguridad, que tienen un dominio territorial y acceso a herramientas para efectivizar hechos intimidatorios de manera reiterada, con el fin evidente de evitar o desviar el control jurisdiccional e imponer el terror”.
La supuesta estrategia de La Bonaerense está dando resultados: muchos de los testigos accedieron a declarar sin la presencia de los acusados y solicitaron que no se brinden sus datos personales por temor a represalias. Sugestivamente, varias de estas personas olvidaron lo que habrían visto y oído.
