Glovo, una de las aplicaciones que generó más polémica desde su arribo a la Argentina, prepara su desembarco en el oeste, más precisamente en Ramos Mejía desde donde pretende expandirse al resto de la región. No Ficción pudo saber que en una semana comenzarían a operar unos 50 glovers en la zona.
La web oficial de la app ya incorporó en Argentina la cobertura de la zona llamada Ramos Mejía que incluye parte de varias localidades de La Matanza y Morón: Villa Sarmiento, Haedo, Ramos Mejía, Lomas del Mirador, San Justo y Villa Luzuriaga. De esta manera, estos barrios se suman a otros lugares donde opera Glovo como la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mendoza, Pinamar, Quilmes y Rosario.
Si bien aún no hay una fecha formal de lanzamiento, se cree que empezarán a verse glovers en las calles del oeste a partir del fin de semana que viene. Por ahora, la empresa sumaría medio centenar de trabajadores que ya están siendo capacitados. Las controversias en torno a esta compañía giran por múltiples aspectos, pero la precariedad laboral de sus “colaboradores” es el principal blanco de las criticas al sistema.
Aplicaciones cuestionadas
De origen catalán, Glovo es una app para dispositivos móviles que funciona como intermediario entre un cliente que busca “algo” y un mensajero -que pone su bicicleta, moto o auto- y le lleva ese “algo” hasta el domicilio que el usuario le indique. Hasta ahí, la tecnología aparece como un gran avance para ganar tiempo y eficacia. Pero este tipo de sistemas son fuertemente criticados porque rompen con el mercado ya establecido por empresas de mensajerías y la relación laboral con sus empleados deambula por un limbo jurídico que deriva en un sinfín de puntos poco claros.
“Es complejo, tiene que ver con la visión del gobierno nacional que busca el libre mercado, donde todo se flexibiliza y obliga a los trabajadores a convertirse en monotributistas. Responde a una lógica de ajuste y despersonalización. Se vuelve todo tan laxo que después es muy fácil despedirte como hacen este tipo de empresas”, explica a No Ficción Pablo Boschi, concejal peronista de La Matanza.
Boschi, quien además es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Automóvil Club Argentino de La Matanza (SUTACA), se refiere a que este tipo de plataformas digitales se nutre de un ejército de monotributistas, cuyo sector creció exponencialmente durante el macrismo al calor de la destrucción de miles de fuentes de trabajo formales.
Estos colaboradores -como los llama la empresa bajo el concepto de economía solidaria– apenas tienen contacto con su “empleador” en un par de charlas informativas y cuando se le hace entrega de la caja/mochila con el logo de la empresa donde llevan sus encargos. Vale aclarar que los mensajeros, se pagan sus cargas tributarias, le abonan a la empresa la mencionada caja y se hacen cargo del mantenimiento de los elementos laborales.
Para Javier Valenzuela, jefe del Departamento Jurídico del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio de la zona oeste (SEOCA), “este tipo de plataformas son una muestra acabada de la crisis que estamos atravesando: una sociedad que no tiene pleno empleo y que deja expuestas las heridas profundas de la ocupación laboral”.
El abogado señala que “estos trabajadores no tienen manera de reconocer a su jefe. No existen autoridades para conducir los reclamos. Todas las modalidades de precarización laboral están concentradas en estas aplicaciones: la externalidad de las funciones, el jefe como una especie de algoritmo, no se sabe quien dirige, hay disposición full time”.
No obstante, Valenzuela reconoce que hay cierta “aceptación” entre los trabajadores debido “a la actual situación de empleo” y destacó experiencias como las que se dieron en la empresa Pedidos Ya -aplicación muy similar que trabaja directamente con comercios adheridos- en donde “a través de la organización de los mensajeros y el gremio de motoqueros, canalizaron los reclamos y lograron un importante blanqueo”.
¿Los municipios pueden regular la actividad?
A fines del año pasado, por ejemplo, el Concejo Deliberante de Rosario convocó a representantes de las empresas Glovo, Rappi y Pedidos Ya y a trabajadores para conocer sus problemáticas. Es que se había establecido que las multinacionales llevaban adelante sus tareas sin una habilitación, según denunciaron varios ediles. No sólo que los “empleadores” no se presentaron a la cita sino que esta semana se supo que Pedidos Ya planea despedir a 130 “ridders” que trabajan bajo relación de dependecia en el marco de un convenio para que se conviertan en autónomos.
“Se impone la necesidad del Estado de regularlo, más aún cuando es un sistema que ya está instalado, funcionando y no existe un marco regulatorio juridíco específico. Si esto no ocurre, resulta inevitable que la organización gremial frene estos avances”, precisa el abogado del SEOCA.
Valenzuela y Boschi coinciden en que las municipalidades deben y pueden regular la actividad. El concejal matancero, quien también integra la CGT local, argumenta que “se debe entender que el trabajador tiene que tener las seguridades y garantías correspondientes, y que la empresa reconozca que son sus trabajadores. Tiene que estar normado”.
“Cualquier estado municipal debería exigir que haya las mínimas condiciones para que el trabajador dé el servicio y tenga sus garantías, por más que estas empresas crean que pueden hacer lo que quieren”, aseveró Boschi y concluyó: “nosotros como concejales podemos hacer una declaración pidiéndolo”.
