Ana María Cristina Juan (60) jurará en los próximos días como jueza federal de primera instancia con asiento en Hurlingham, una sede judicial que desde su creación en 2015 esperaba un titular. Será la encargada de administrar la justicia federal en los partidos de Hurlingham, Ituzaingó y Merlo, una jurisdicción atravesada por causas de narcotráfico, falsificación de datos y conflictos medioambientales.
Pero su designación no pasó inadvertida. Juan es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8 de Comodoro Py, quien desde septiembre del año pasado tiene a su cargo la causa $LIBRA, la investigación por la presunta megaestafa con la criptomoneda que el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales y que dejó pérdidas millonarias a miles de inversores.
El camino a Hurlingham
La designación de Juan es, en cierto modo, una historia de perseverancia. Fue la primera en el orden de mérito del Concurso N° 383 del Consejo de la Magistratura, con 170,5 puntos. Pero tuvo que presentarse ante el Senado tres veces para conseguir el acuerdo.
La primera fue en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. El pliego tuvo dictamen favorable, pero se retiró cuando Alberto Fernández asumió la presidencia. La segunda fue en mayo de 2023, también con Fernández, pero Javier Milei lo volvió a retirar en diciembre de ese año. La tercera, en mayo de 2026, fue la vencida: el Senado le dio el acuerdo y hace semanas figura en la lista de magistrados designados por el Poder Ejecutivo.
En su exposición ante la Comisión de Acuerdos, Juan se defendió de las «suspicacias» que había generado su postulación. Dijo que en las impugnaciones no se cuestionaba su idoneidad ni su trayectoria, sino que el reproche tenía que ver con su vida privada y su vínculo con otro magistrado que está a cargo de una causa sensible. «Este no es el lugar para plantear un temor de parcialidad», señaló. Y agregó que el Código Penal tiene herramientas para prevenir esas cuestiones.
Una vida en Comodoro Py
Ana María Cristina Juan se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires en 1991 y tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Palermo. Hace 35 años que trabaja en la administración judicial, 30 de ellos en la materia penal federal.
Ingresó a los tribunales de Comodoro Py en los años 90 como auxiliar. Fue escribiente, prosecretaria y finalmente secretaria letrada de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, cargo que ocupa desde 2018. Allí pasó por distintas salas, vio recambios completos de jueces y se ganó una reputación de eficiencia. Algunos la describen como «una judicial de toda la vida», de estilo «directo» y «eficaz».
El año pasado sumó una responsabilidad clave: fue designada titular de la «oficina judicial» de la Cámara, un órgano del nuevo sistema acusatorio. Y según fuentes judiciales, es la responsable de los sorteos que definen en qué juzgado federal de Comodoro Py tramitarán las denuncias, una de las palancas más sensibles del sistema.
El juez del Caso Libra
Su marido, Marcelo Pedro Hernán Martínez de Giorgi (56), es uno de los jueces federales de mayor trayectoria de Comodoro Py. Se recibió de abogado en la Universidad John F. Kennedy en 1991, tiene un posgrado en Derecho Penal de la Universidad de Palermo y desde 2001 es docente en la UBA.
Fue secretario de la Sala II de la Cámara Federal durante años, hasta que en 2006 fue designado juez subrogante del Juzgado Federal N° 8. En 2012 obtuvo la titularidad por concurso. Desde entonces acumuló causas de alto perfil: Sueños Compartidos, Odebrecht, los cuadernos de las coimas, el espionaje ilegal del gobierno de Macri, el enriquecimiento ilícito de Carlos Liuzzi y la causa de Revolución Federal.
Pero la que más lo puso en el centro de la escena es la causa $LIBRA. La Cámara Federal le confirmó la competencia en septiembre de 2025, tras un ida y vuelta inicial en el que Martínez de Giorgi había rechazado intervenir. Desde entonces, la investigación avanza lento: en enero de 2026 la Cámara le ordenó acelerar la pesquisa y recalibrar los embargos, que consideró irrisorios frente a la magnitud del perjuicio (miles de inversores denuncian estafa por la caída de la criptomoneda que Milei promocionó el 14 de febrero de 2025). Aún no hay indagatorias claras ni definiciones concretas sobre la responsabilidad penal de los implicados.
La polémica de la «familia judicial»
La designación de Juan fue rápidamente leída por la oposición y algunos sectores del periodismo como un gesto del Gobierno para congraciarse con el juez que tiene en sus manos una causa que puede complicar seriamente al Presidente. En Comodoro Py, sin embargo, la evaluación es distinta: allí la conocen como «Ana Juan», una funcionaria que «opera en el corazón del sistema» y que, según sus pares, «lo tiene merecido hace tiempo» y «se lo ganó».
En su última exposición en el Senado, Juan dejó una frase que resume su historia: «Estas capacidades que tenemos las mujeres de ser organizadas —por eso somos grandes secretarias y nos eligen siempre como secretarias dentro de la administración de justicia— y esa fuerza de trabajo que hace que volvamos a casa y sigamos trabajando, quisiera poder desarrollarlas en mi tarea como magistrada, de manera tal que formemos un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos».
El Juzgado Federal de Hurlingham fue creado por ley en noviembre de 2015 y desde entonces funcionaba sin titular. Con tres secretarías con competencia criminal y correccional, será la sede donde Juan deberá administrar justicia federal en una zona del oeste del conurbano que, por sus características, concentra causas vinculadas al narcotráfico, la falsificación de documentos y delitos ambientales.
