Un fallo del Juzgado Federal de San Martín frenó el avance del plan de ajuste sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y dispuso una medida cautelar que suspende el cierre de una estación experimental. La decisión, con vigencia de seis meses, también impide la venta del predio y cualquier avance sobre la reestructuración del personal prevista por el organismo.
La resolución fue emitida por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2, a cargo del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, en el marco de una acción de amparo presentada contra la Resolución 27/26 del INTA. Dicha normativa había dispuesto la supresión de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y de sus nueve agencias de extensión, además del traspaso de sus inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su eventual venta o subasta.
En ese sentido, la cautelar ordena a las autoridades abstenerse de ejecutar cualquier medida vinculada a la eliminación de funciones, movimientos de trabajadores, pases a disponibilidad, desvinculaciones, traslados de equipos o disposición de bienes del organismo. De esta manera, queda paralizado por el momento el proceso de reorganización impulsado desde el Ejecutivo.
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Asimismo, el fallo judicial se inscribe en un contexto de fuerte reestructuración del INTA, que incluye la revisión de su estructura operativa y la reducción de personal. Según los lineamientos oficiales, el objetivo es disminuir alrededor del 20% de una planta cercana a los 5.900 trabajadores, en el marco de la política de ajuste sobre organismos estatales.
En paralelo, el Gobierno nacional había puesto en marcha un esquema de retiros voluntarios para el personal del organismo, como parte del proceso de reducción del gasto público. A esto se suma la intención de avanzar con la disposición de tierras y edificios pertenecientes al INTA, algunos de ellos ubicados en zonas de alto valor inmobiliario.
En este caso puntual, el predio afectado comprende unas 33 hectáreas situadas entre Hurlingham e Ituzaingó, dentro del área metropolitana bonaerense, lo que había despertado preocupación entre sectores gremiales y técnicos del organismo.
