El exintendente de Moreno Walter Festa aceptó un acuerdo de juicio abreviado que contempla una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, en una causa por defraudación a la administración pública. La investigación, iniciada durante su gestión municipal, determinó según la acusación fiscal que se habían designado empleados que no cumplían funciones y cuyos salarios eran destinados a financiar actividades políticas.
Según informó ElPolicial, el Ministerio Público Fiscal elevó el requerimiento ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mercedes, donde estaba previsto que comenzara el juicio el pasado 17 de noviembre.
El documento solicita para Festa y Lucía Alejandra Vázquez, quien se desempeñaba en el área de Recursos Humanos de la Municipalidad de Moreno, tres años de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta por igual plazo e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La propuesta también alcanza a los otros cuatro imputados. Para Gisela Alejandra Hauscarriaga, Jorge Alberto Vila y Fernando Sebastián Adorno se requieren dos años de prisión en suspenso, mientras que para Hugo Rubén Ortiz se solicitan dos meses de prisión efectiva. En todos los casos se contempla la inhabilitación especial perpetua. El acuerdo deberá ser evaluado por el tribunal.
La causa de los empleados municipales que no trabajaban
La investigación fue desarrollada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, entonces a cargo de la fiscal Gabriela Urrutia, con intervención del secretario Walter Velázquez.
Según la acusación, durante la gestión de Festa, entre 2015 y 2019, se realizaron designaciones de personas que figuraban como empleados o asesores municipales, aunque no prestaban servicios efectivos en la administración pública.
Los salarios terminaban en manos de Hugo Rubén Ortiz, referente del movimiento social Octubres en Moreno, quien, de acuerdo con la investigación, utilizaba esos recursos para financiar movilizaciones y actividades políticas en respaldo al entonces intendente.
Uno de los hechos reconstruidos por la Fiscalía ocurrió en abril de 2019. Festa habría ordenado a Vázquez confeccionar los decretos para reemplazar a Fernando Sebastián Adorno por Jorge Alberto Vila como asesor de gabinete.
Los decretos municipales 0723 y 0734 fueron confeccionados el 5 de abril de ese año, pero establecían efectos retroactivos al 1° de abril. Para los investigadores, esa documentación formaba parte de la maniobra irregular.
La pesquisa también identificó una situación similar con Hauscarriaga, quien figuraba como empleada municipal sin cumplir funciones, mientras que el dinero de su salario también habría terminado en manos de Ortiz.
El 10 de abril de 2019 se realizaron allanamientos en distintos espacios vinculados con el movimiento Octubres, que derivaron en cuatro detenciones y el secuestro de teléfonos celulares y documentación.
Del juicio oral al acuerdo abreviado
La causa había sido elevada a juicio con Festa y otros cinco acusados por delitos vinculados con la administración irregular de fondos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsedad ideológica.
El debate estaba programado para comenzar el 17 de noviembre de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mercedes.
Sin embargo, la Fiscalía presentó un requerimiento de juicio abreviado que, según la documentación conocida, encuadra los hechos como defraudación a la administración pública, prevista en el artículo 174, inciso 5°, del Código Penal.
El mecanismo permite que el proceso se resuelva sin un debate oral completo, mediante un acuerdo sometido al control del tribunal.
La pena propuesta para Festa no contempla prisión efectiva, pero sí una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, cuyo alcance deberá quedar establecido en la resolución judicial.
La definición del tribunal será determinante para establecer si las penas solicitadas quedan finalmente impuestas.
Las otras investigaciones contra Festa
El exintendente también enfrenta investigaciones independientes por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La primera tramita en la UFI N° 1 de Moreno-General Rodríguez, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, y comprende el análisis de la evolución patrimonial del exjefe comunal y personas de su entorno.
En ese expediente también aparece mencionada su exesposa, Romina Uhrig, quien ocupó cargos durante la gestión municipal y posteriormente fue diputada nacional.
La otra investigación tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, y está vinculada con presuntas maniobras de lavado de activos.
Ambas investigaciones son independientes de la causa por defraudación a la administración pública en la que ahora se presentó el acuerdo de juicio abreviado.
En esta ocasión, el acuerdo de juicio abreviado ya fue suscripto por las partes y se encuentra pendiente de homologación por parte del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mercedes, según confirmaron fuentes vinculadas al expediente. Una vez aprobado, quedarán formalmente establecidas las penas acordadas, entre ellas los tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos solicitados para el exintendente.







