Mucho se había alertado que lo de Ramiro Cayola iba a pasar: un camión lo atropelló y mató la noche del 12 de abril mientras trabajaba para la aplicación de delivery Rappi. El debate por el trabajo precarizado ya había cruzado las fronteras de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, cuando Glovo decidió expandirse y desembarcar en la zona oeste del conurbano, tal como adelantó este medio en febrero.
Quien viene haciendo hincapié en que tarde o temprano los municipios deberán atender la problemática es Marcelo Pariente, secretario General de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM). «Los intendentes tendrían que sentarse a discutir una reglamentación, porque lo único que dejan estas faltas de control más chicos accidentados, muertos, trayendo más costos al municipios y comercios», expresó.
El fallecimiento de Cayola ocurrió dos días después de que el titular del juzgado N°2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Roberto Gallardo, le ordenara al Gobierno Porteño que prohíba la actividad de Rappi, Glovo y Pedidos Ya en todo el territorio de la Ciudad hasta que cumplan con los requisitos mínimos estipulados en el Código de Tránsito y Transporte. «El servicio se realiza en franca transgresión a la normativa vigente», decía el fallo.
En diálogo con el programa Último Recurso (FM Fribuay) el titular de ASIMM aseguró que «municipios e intendentes lo primero que tienen que hacer es proteger a su distrito, a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores». Pariente contó que las plataformas cobran comisiones al pequeño comercio de acuerdo a lo que vende, de 10 a un 25% por transacción. «Esto trae más costos al municipio y comercios dejando la rentabilidad a capitales extranjeros», manifestó.
«Llega a un punto que las plataformas le terminan manejando la economía a las casas de comidas y las que dicen cuánto tiene que cobrar el trabajador que hace el envío», expresó el titular de ASIMM. Consultado sobre el fallo del juez Gallardo, Pariente recalcó que «a diferencia de otros países, en Argentina hay leyes que regulan indirectamente el trabajo del delibery». Es por eso que desde el sindicado exigen que el Estado haga cumplir la reglamentación a estas plataformas. Pero si hasta ahora el Gobierno de la Ciudad no pudo, no supo o no quiso hacerlo, ¿podrán los municipios?
