Quieren sacar al Conurbano de la Provincia: el plan que propone 27 distritos federales

La iniciativa es impulsada por el exintendente de San Miguel y exsenador bonaerense Joaquín De la Torre. Propone que los municipios del Gran Buenos Aires pasen a tener una relación directa con la Nación.

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El mapa político de la provincia de Buenos Aires podría cambiar por completo si prospera una propuesta que comenzó a ganar espacio en las últimas semanas entre dirigentes bonaerenses: separar al Conurbano del resto de la Provincia y convertir sus municipios en distritos federales.

La iniciativa es impulsada por Joaquín De la Torre, exintendente de San Miguel y exsenador provincial, quien sostiene que la actual estructura administrativa bonaerense resulta ineficiente para atender las necesidades de la región metropolitana.

El planteo original contemplaba a los 24 municipios tradicionalmente considerados parte del Conurbano. Sin embargo, la versión que comenzó a circular en los últimos días amplía el esquema a 27 distritos, incorporando a Pilar, Escobar y General Rodríguez. También aparece Marcos Paz como una posible incorporación futura.

La idea central es eliminar la intermediación del Gobierno bonaerense. Es decir: los municipios conservarían a sus intendentes, elegidos por voto popular, pero desaparecerían para esa región las estructuras del Ejecutivo y de la Legislatura provincial.

«Hay que federalizar los 24 distritos del Conurbano. Hay que sacárselos a la provincia de Buenos Aires y hacer 24 distritos federales», había planteado De la Torre semanas atrás.

Dos gobiernos en lugar de tres

El proyecto no plantea convertir al Conurbano en una nueva provincia ni crear un gobernador para la región. Por el contrario, el esquema propuesto contempla solamente dos niveles de gobierno: el municipal y el nacional. Cada municipio conservaría su intendente y sus estructuras locales, pero pasaría a relacionarse directamente con la Casa Rosada.

Según De la Torre, de esta manera se eliminaría una estructura política que considera costosa y se podrían redistribuir los recursos que actualmente administra la Provincia. Su argumento parte de una realidad: buena parte de los servicios que atraviesan al Conurbano ya tienen una fuerte presencia nacional. El transporte ferroviario, buena parte del sistema de colectivos, la regulación de la energía eléctrica y el gas y el servicio de agua y cloacas a través de AySA son algunos de los ejemplos que utiliza para sostener su propuesta.

Eliminar Ingresos Brutos

Uno de los puntos más fuertes del proyecto es el fiscal. De la Torre propone que el nuevo esquema territorial quede liberado de impuestos provinciales, entre ellos Ingresos Brutos, el impuesto inmobiliario y las patentes.

En los municipios continuarían existiendo tasas locales como la Tasa de Servicios Generales y la de Seguridad e Higiene, que pagan comercios e industrias. El dirigente compara el esquema con una suerte de RIGI para el Conurbano, con el objetivo de reducir la carga tributaria sobre comercios, pymes e industrias y favorecer la actividad económica.

Joaquín De la Torre, el impulsor de la iniciativa.

La discusión, sin embargo, abre una pregunta clave: qué recursos perdería la Provincia y cómo se compensaría esa pérdida. La propuesta sostiene que parte de los fondos que actualmente administra la Provincia pasarían directamente a los municipios y otra parte quedaría en manos de la Nación para afrontar gastos que hoy son provinciales, como salarios docentes y determinadas funciones vinculadas con seguridad y salud.

Gendarmería en lugar de la Bonaerense

El cambio también sería profundo en materia de seguridad. La propuesta contempla retirar a la Policía Bonaerense de la función de seguridad en esos territorios y avanzar hacia un esquema en el que Gendarmería Nacional y Prefectura Naval tengan un papel central.

De la Torre sostiene que las fuerzas federales ya tienen presencia territorial en distintos puntos del Conurbano y que el nuevo esquema permitiría convertir esa presencia en el sistema de seguridad permanente de los distritos federales.

La iniciativa aparece además en un momento en que la seguridad es uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof.

Salud y educación: ¿qué pasaría con los servicios provinciales?

El proyecto también obliga a discutir quién administraría hospitales y escuelas que actualmente dependen de la Provincia. De acuerdo con el planteo de De la Torre, la Nación debería hacerse cargo de determinados salarios y servicios, mientras que los municipios asumirían una mayor responsabilidad sobre las prestaciones locales.

En materia sanitaria, una de las versiones del proyecto contempla que los municipios concentren la atención primaria y las guardias, mientras que la Nación tenga bajo su órbita los establecimientos de mayor complejidad. En ese esquema aparecen hospitales nacionales como El Cruce y el Posadas como referencias regionales.

El argumento utilizado por De la Torre es que el actual esquema genera una superposición de responsabilidades y que, eliminando un nivel de gobierno, podrían reasignarse recursos.

El argumento de fondo: el Conurbano como una «provincia» dentro de la Provincia

El diagnóstico político de De la Torre apunta al peso demográfico y económico del Gran Buenos Aires. Según sus cálculos, el Conurbano concentra entre 13 y 14 millones de habitantes, alrededor del 28% de la población argentina, y enfrenta problemas estructurales de infraestructura que, a su entender, el actual sistema no consiguió resolver.

Uno de los datos que utiliza para fundamentar la iniciativa es la falta de redes de agua y cloacas en una parte importante del territorio. Alrededor de la mitad del Conurbano todavía tiene déficits en estos servicios. Desde esa perspectiva, la propuesta busca que el dinero que hoy circula por la estructura provincial llegue de manera más directa a los municipios y a la Nación.

Pero hay un problema: no alcanza con una ley

La propuesta tiene además un enorme interrogante institucional. El propio De la Torre sostiene que para avanzar serían necesarias una ley de la Legislatura bonaerense y otra del Congreso Nacional. Y allí aparece uno de los principales obstáculos.

La Constitución Nacional establece, desde la reforma de 1994, que las provincias deben asegurar la autonomía municipal y determinar su alcance y contenido en materia institucional, política, administrativa, económica y financiera.

En Buenos Aires, sin embargo, los municipios continúan regidos fundamentalmente por la Constitución provincial y por la Ley Orgánica de las Municipalidades. De hecho, durante agosto otro municipio bonaerense, Castelli, volvió a poner en discusión justamente la autonomía municipal y reclamó avanzar hacia una mayor independencia institucional.

Por eso, federalizar 27 municipios no sería simplemente cambiar una ley tributaria o modificar una competencia policial: implicaría alterar profundamente la organización territorial y política de la Provincia.

Una propuesta que ya genera debate

La iniciativa empezó a generar repercusiones entre dirigentes bonaerenses y se suma a otras discusiones que comenzaron a aparecer sobre cómo reorganizar una Provincia atravesada por fuertes diferencias entre el Conurbano y el interior.

De la Torre sostiene que su proyecto permitiría reducir gastos, mejorar la administración y resolver problemas históricos de infraestructura. Pero la discusión recién comienza.

Porque detrás de la idea de «separar al Conurbano» hay preguntas mucho más profundas: quién recaudaría, quién financiaría las escuelas, quién administraría los hospitales, quién controlaría la Policía, cómo se distribuiría la coparticipación y qué ocurriría con los recursos que actualmente recibe la Provincia.

Por ahora, no existe una ley presentada que permita hablar de una separación inminente. Lo que existe es un proyecto político que busca instalar una discusión de fondo sobre el futuro institucional de la provincia de Buenos Aires. Y que, por el peso político, económico y electoral del Conurbano, difícilmente pueda pasar inadvertido.

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