En medio del problema que suele ser para muchas familias tener un techo para vivir, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para crear un Régimen de Alquiler Social bonaerense, destinado a reducir los gastos iniciales que deben afrontar los inquilinos de menores ingresos al momento de acceder a una vivienda.
La iniciativa fue presentada ante el diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria, para su estudio y eventual tratamiento legislativo. Y apunta, básicamente, a ayudar a miles de familias que en los últimos años encontraron en el alquiler un problema. De hecho, la Encuesta Nacional Inquilina destacó que el 73% de los inquilinos tiene deudas mientras crecen las «mudanzas forzadas».
El proyecto establece como destinatarios a los inquilinos que accedan a viviendas cuyo alquiler mensual inicial no supere el equivalente al sueldo básico de la Categoría 20 por 48 horas semanales de la Administración Pública Provincial, establecido por la Ley 10.430. A agosto de 2026, ese sueldo es de $388.050.
Para quienes queden comprendidos en ese segmento, la propuesta contempla la eliminación de distintos costos asociados al ingreso a una vivienda. Entre ellos, los honorarios de martilleros y corredores públicos por la intermediación, que pasarían a ser afrontados por los propietarios, así como los gastos correspondientes a informes del Registro de la Propiedad Inmueble.
También se propone revisar el tope de valuación fiscal utilizado para la exención del Impuesto de Sellos y establecer mecanismos gratuitos para la certificación de firmas de los contratos de alquiler.
Otro de los puntos planteados es que las empresas proveedoras de servicios no cobren a los inquilinos cargos de conexión, reconexión, depósitos, cambios de titularidad u otros conceptos vinculados con el inicio del contrato cuando el alquiler esté alcanzado por el régimen.
La iniciativa incluye además un régimen especial de incentivo y simplificación fiscal para los propietarios que incorporen al mercado locativo viviendas que cumplan con las condiciones establecidas. El proyecto plantea exenciones impositivas e invita a los municipios bonaerenses a adherir mediante beneficios sobre tasas y derechos.
La propuesta surge en un contexto de alto endeudamiento entre los hogares que alquilan. De acuerdo con la Encuesta Nacional Inquilina correspondiente a junio, elaborada por Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional, el 78,59% de los hogares inquilinos de la provincia de Buenos Aires mantiene deudas activas. El relevamiento ubicó además en $600.000 mensuales el alquiler medio bonaerense, unos $100.000 por debajo del registrado en Buenos Aires.
Fuente: Agencia DIB
