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El Honorable Concejo Deliberante de La Matanza aprobó en la sesión del 12 de noviembre pasado el convenio de cooperación y asistencia financiera para seguridad Bonaerense entre la jefatura de Gabinete de la Provincia y el Ejecutivo local. De esta forma, quedó definido cómo la gestión de Fernando Espinoza distribuirá los $1.518 millones para equipar a la policía.
En el convenio, al que pudo acceder No Ficción, Espinoza «se compromete a utilizar los recursos de la provincia de acuerdo al siguiente porcentaje: el ochenta por ciento (80%) de los fondos deberán aplicarse a la adquisición de nuevos móviles policiales (camionetas, autos y motos) debiendo ser asignados al uso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires». En concreto, aquí ya se utilizarían $1.214 millones.
Sin embargo, el acuerdo aclara en este punto que «sin perjuicio de ello, el 20% de dicho monto (los $1.214 millones) podrá afectarse tanto para el mantenimiento de los móviles nuevos o existentes, como para la adquisición de nuevos móviles destinados al sistema de protección ciudadana dependiente del municipio». Es decir, que $242 millones tendrá el Ejecutivo local para su propia flota.
Por otro lado, el segundo punto del convenio aclara que el 20% restante de los $1.518 millones con los que contará La Matanza «se aplicarán a la adquisición de otros equipamientos de seguridad tales como, chalecos anti bala, cámaras de seguridad, tecnología y analítica aplicada, logística, punto seguro con botón antipánico, entre otros«.
Pero aquí también el convenio le permite a Espinoza hacerse de más recursos propios, ya que aclara que «dichos fondos podrán ser afectados a la adquisición de nuevos móviles destinados al sistema de protección ciudadana dependiente del municipio«. De esta manera, y en total, la gestión local se asegura $545 millones para ampliar su propia flota de seguridad.
En su clausula tercera, el convenio aclara que «los bienes a adquirir deberán ser inventariados patrimonialmente por cada municipio y serán asignados a la Policía de la Provincia». Y en el punto cuarto se confirma que cada gestión local «llevará adelante el proceso de adquisición de equipamiento».
Por último, «ante cualquier incumplimiento por parte del municipio de lo establecido en el presente convenio, la provincia podrá instar los procedimientos administrativos o acciones judiciales que correspondan, y arbitrar las medidas necesarias para recuperar los fondos otorgados».
