Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina rescataron 105 ejemplares de aves exóticas y varios cobayos que se encontraban en cautiverio en una vivienda de la localidad de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. Algunos animales presentaban signos de maltrato y otros fueron hallados sin vida.
La causa se originó a partir de una denuncia de la Gendarmería Nacional Argentina ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez y la Secretaría N°5 al mando de Lorena Reynoso, sobre la presunta venta prohibida de pájaros exóticos protegidos por la ley en un inmueble de la zona.
Ante ello, el magistrado encomendó al Departamento Delitos Ambientales del DFI la realización de tareas investigativas. Los detectives comenzaron con el análisis de fuentes abiertas, redes sociales y rastrillajes en la zona, mediante los cuales constataron que en una vivienda situada en Pekín al 4000 se desarrollaban actividades ilícitas vinculadas al acopio y comercialización de fauna silvestre sin la documentación que acreditara la legítima tenencia ni su venta legal.
En el marco de la pesquisa se identificó al dueño del lugar, un hombre mayor de edad que sería el responsable de las ventas.
Con el material probatorio reunido, el juzgado ordenó el allanamiento del inmueble. En el procedimiento se incautaron 105 ejemplares de aves —entre las que se encontraban jilguero dorado, corbatita común, cardenal copete rojo, loro hablador, cotorra común y canario doméstico— y algunos cobayos. La mayoría de los animales presentaba signos evidentes de maltrato y otros fueron encontrados muertos.
El operativo contó con la colaboración de la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, que brindó asistencia técnica para la identificación, evaluación y resguardo de los ejemplares.
Por disposición del juez Rodríguez, las especies rescatadas fueron trasladadas al centro de zoonosis de Lomas de Zamora y a la Fundación Temaikén para su evaluación veterinaria y recuperación. El imputado quedó alcanzado por la Ley 22.421 (conservación de la fauna) y la Ley 14.346 (maltrato de animales).
