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La Comisión Provincial por la Memoria presentó un Hábeas Corpus colectivo a favor de las personas alojadas en la comunidad terapéutica Libres para Vivir de Ituzaingó, tras una inspección en el lugar, donde el organismo constató que había casi 40 personas internadas y que eran sometidas a ejercicios físicos como forma de castigo. Además, se investiga si había trabajo esclavo, interrupción de planes farmacológicos y ausencia de cualquier abordaje terapéutico.
Según se informó, todo se inició a partir de una denuncia que quedó a cargo de la UFI N° 1 Descentralizada de Ituzaingó y del Juzgado de Garantías del Joven N° 5 de Morón, que requirió la intervención de la Comisión, en el marco de su tarea como Mecanismo local de Prevención de la Tortura. Por ello, finalmente, la municipalidad de Ituzaingó clausuró el establecimiento y aplicó una multa a su dueño, Federico Peña.
Luego de la solicitud de la Comisión, la justicia hizo lugar al Hábeas Corpus al constatar que la comunidad no contaba con habilitación legal ni condiciones básicas para brindar un tratamiento adecuado para adicciones, de acuerdo a lo informado por el organismo.
La investigación de la Comisión consistió en la realización de entrevistas personales privadas. En ellas se precisó que una parte importante de las casi 40 personas internadas habían sido sedadas y llevadas a la institución de manera ilegal, en contra de su voluntad, y que eran sometidas a un régimen de vida autoritario, violento y vejatorio: se relevaron situaciones de violencia física, simbólica y verbal y retención de documentación y pertenencias. De la denuncia se desprende que no había un abordaje integral de la salud y que la permanencia en la institución no respondía a ningún criterio justificado terapéuticamente.
La CPM también demandó la intervención de los órganos de revisión (local y de Nación), de la subsecretaría de Salud Mental del ministerio de Salud de la Provincia y formuló la denuncia penal ante la fiscal general interina Karina Iuzzolino.
