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El municipio de Morón apeló el veredicto del Tribunal en lo Criminal Oral N° 6, que dio lugar a un amparo presentado por un particular y declaró inconstitucional la exigencia de estar al día con las multas para poder renovar el registro.
“Contestamos la demanda hoy (por el viernes). Nuestra postura siempre fue aceptar lo que resuelva la Justicia. Pero consideramos que la resolución es improcedente y por eso apelamos”, explicaron a No Ficción fuentes de la comuna que añadieron: “Lo que contestamos en la apelación es que no es algo que deba resolver el municipio y declaramos improcedente el amparo porque el registro no está vencido, sino que está prorrogado por la pandemia, al igual que todos los registros”.
Los voceros consideraron que como “la ley cambió tiene que resolverlo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tiene competencia en todo el país”.
El veredicto esgrimido por los jueces Cristian Toto y Alejandro Rey tiene antecedentes en otros lugares y suma un nuevo precedente en un tema sensible para los distritos en términos de recaudación. La lógica utilizada redunda en que el acta labrada por el inspector es una mera imputación que debe ser luego demostrada por el Estado.
“El Estado arma herramientas para invertir el principio de inocencia”, aseguró Walter Jara, abogado de Pablo Barril, el trabajador municipal de Morón que presentó el amparo. “Es una situación arbitraria, abusiva, en donde se extorsiona a los ciudadanos para que paguen algo que, en principio, no puede ser exigido porque no son multas, sino infracciones”, apuntó el letrado al sitio Primer Plano.
