El último informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que reúne datos de 2017, arroja que hay 85.283 detenidos en cárceles de todo el país, de los cuales el 6% (4.943) son extranjeros, es decir solo el 0,2% del total de inmigrantes que viven en el país. Las cifras echan luz frente a las declaraciones de Bullrich, quién afirmó que el 20% de los presos en cárceles del país no son argentinos. Es que la titular de la cartera de Seguridad, prefirió hacer un recorte y referirse sólo a los reclusos del Servicio Penitenciario Federal y no al total de la población carcelaria.
Sin embargo, en las cárceles del SPF, de donde Bullrich rescata el dato, el porcentaje de extranjeros no aumentó en los últimos 10 años y desde 2007 se mantuvo en torno al 20%. Sólo en 2015 hubo un pico del 23%, pero al año siguiente volvió a la tendencia de la década. La gran mayoría de extranjeros están presos allí por delitos vinculados con la Ley de Estupefacientes 23.737.
En tanto, relevados los departamentos judiciales ordinarios asentados en la zona oeste del conurbano, los números oficiales de 2017 indican que, en promedio, solo el 3,5% de los detenidos no son de nacionalidad argentina. Incluso, todas las órbitas judiciales de la región se encuentran por debajo del promedio nacional: La Matanza 5%, Morón 2%, San Martín 2% y Moreno 5%.
“Las estadísticas sobre las personas detenidas extranjeras se vienen manteniendo constantes desde hace varios años en la Provincia, con lo cual no hay ningún dato empírico que indique que se han incrementado los delitos cometidos por ciudadanos de otros países“, explicó el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello.
Por otra parte, el Defensor remarcó que al profundizar el análisis de quienes están privados de su libertad dentro del fuero penal juvenil (16 y 17 años de edad) aparece que prácticamente no hay jóvenes extranjeros privados de su libertad en varias regiones de la Provincia y enumera a Moreno entre estos departamentos judiciales.
Al calificar de “absolutamente regresivas” las últimas declaraciones de funcionarios y legisladores nacionales respecto a la promoción de una política migratoria diferenciada, Martello señaló que “tal mirada pone a las personas extranjeras bajo una sospecha permanente. Se busca asociar la migración con la delincuencia, sobre un diagnóstico que está basado en datos que, en el mejor de los casos, están distorsionados y descontextualizados. Pareciera que en este año electoral, se busca generar una suerte de efecto regional incentivando la estigmatización de las personas migrantes”.
