A los pocos meses de nacer, a Joaquín, un nene de Laferrere, le detectaron hipoacusia neurosensorial, conocida también como la perdida auditiva por afectación del oído o nervio interno. Desde entonces, sus papás le hicieron estudios y los médicos llegaron a la conclusión de que con un implante podría escuchar, pero desde julio que la Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros (OSCTCP) no lo autoriza.
“Joaquín tiene 17 meses y padece de una sordera profunda bilateral, por lo que necesita unos implantes cocleares. Tenemos la obra social de la Unión Tranviario Automotor (UTA) porque soy chofer de colectivo, pero se niegan a liberar el pago para comprar los insumos y hacer la operación”, explicó a No Ficción su papá Emmanuel Gómez.
Según el ministerio de Salud de la Nación, “el implante coclear es una prótesis auditiva que transforma las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo y permite el ingreso de la señal acústica en aquellos niños que presentan pérdidas auditivas profundas, y en quienes los audífonos no son suficientes para la adquisición del lenguaje”. Su valor en el mercado es de 5 millones de pesos, pero la familia de Joaquín no cuenta con ese dinero.
Por eso los Gómez decidieron crear una cuenta en redes sociales para difundir el caso. La enfermedad de Joaquín se detectó al mes y medio de vida, ya que su hermano de 4 años también es hipoacúsico pero en su caso sí necesitó de audífonos. “La obra social tampoco me autorizaba los tratamientos con él”, contó el papá, quién además expresó que con ambos hijos “muchos estudios se hicieron de manera particular porque nos daban turnos para dentro de tres meses”.
Tras detectar su enfermedad, la familia comenzó a realizar en julio pasado todos los trámites burocráticos de la obra social para poder acceder a los implantes y la posterior operación. Pero se sumó otra traba: la OSCTCP les ofreció hacer todos los estudios nuevamente pero con médicos de la obra social.
“Solicitaron que llevemos los estudios ya hechos y llevar al nene, para que les hagan pruebas, pero muchas de esas cosas requieren intervenciones con anestesia, o llevarlo de noche, dormido, y no queremos hacerlo pasar por eso otra vez”, comentó Gómez, y continuó: “le presentaron los estudios a sus profesionales, y una doctora dice que según los papeles mi hijo no es sordo y que por lo tanto no los iban a autorizar”.
Ahí decidieron poner una abogada. El papá de Joaquín comentó que se “presentó un recurso de amparo, y la Justicia determinó que en un semana OSCTCP debía liberar el pago, dijeron que lo iban a hacer pero no hay novedades. Y no tenemos tiempo, esto trae secuelas, una vez abonado tardan tres meses en traer los insumo, y cada día que pasa es uno más que mi hijo no escucha, no aprende a hablar y esto retrasa su desarrollo”.
Este medio intentó conocer la versión de la obra social, pero al momento de la publicación de esta nota seguía sin obtener respuesta. Mientras tanto, la familia de Joaquín sigue esperando novedades: “hasta ahora le siguen negando su derecho a oír”.
