La situación de pandemia en nuestro país se desarrolla con políticas públicas que proponen el distanciamiento social. Eso nos lleva a un escenario de aislamiento en nuestras viviendas y nos invita a compartir mayor tiempo en nuestros entornos familiares que generan situaciones de estrés y ansiedad. Con ello afloran realidades que estaban minimizadas o invisibilizadas.
El distanciamiento social expone muchas situaciones de desigualdad y de necesidad entre las que están las violencias que sufren las mujeres y diversidades en sus casas. Ámbitos que debieran ser seguros, agradables y dignos, se convierten en situaciones de inseguridad que desembocan en muchos casos en tragedias.
Se han elaborado desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad distintas estrategias de contención que incluyen la extensión del funcionamiento de la línea 144, programas de fortalecimiento para las mujeres y diversidades víctimas de violencias, la implementación de las denuncias en todas las comisarías, el pedido de prorrogar las medidas cautelares como la restricción perimetral, etc.
A pesar de ello, se reciben en promedio 350 denuncias por día en el 144 y en su mayoría se evidencia la violencia física, y un dato sumamente relevante en este contexto, es que casi el 50% de los casos de violencia de género se producen en el ámbito familiar.
Los índices de violencia no dejan de incrementarse, entre el 20 de marzo y el 29 de mayo se registraron 57 femicidios. El 71% de las mujeres fueron asesinadas en sus viviendas.
Situación similar sufren las diversidades que en lo que va del año ya registran más de 100 hechos de violencia y 40 crímenes de odio. Muchos de los cuales tienen lugar en sus entornos familiares poniendo de manifiesto la inseguridad que genera para muchos, muchas y muches el quedarse en casa.
Esto expone la necesidad de atención en materia de género y diversidad, la transversalización de las políticas públicas y la concientización respecto del cambio cultural para que un país libre de violencia hacia las mujeres y diversidades sea una realidad y no una utopía.
El cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral es imprescindible al mismo tiempo que una batería de herramientas económicas que contemplen a las mujeres. La aplicación de la normativa en materia de género y diversidad es importante tanto como su real implementación y las capacitaciones para ofrecer miradas integrales a las políticas públicas.
