La importancia de denunciar las violencias de género

A través de un resonante caso de González Catán, la autora de esta columna cuenta cómo es el proceso que lleva adelante la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza para con las víctimas y sus familiares.

Luz Ailín Báez (1)
Luz Ailín Báez (1)

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Hace poco más de un mes -el 15 de noviembre de 2022- una noticia conmovió al municipio: el hallazgo de un esqueleto enterrado en el interior de una vivienda en González Catán que -se cree- serían los restos de una mujer desaparecida hace más de diez años. La dramática novedad era apenas la punta del iceberg de una compleja serie de ausencia de derechos para un grupo de niña/os y adolescentes.

En 2012 M tenía 9 años, un hermano más grande de 12 y otrxs de 8, 4 y 5 años cuando su padre les dijo que “su madre se había ido”. Apenas unos años después -en 2018- este hombre sería condenado a seis años de prisión por abusar sexualmente de dos de sus hijas.

“Es mucha la vulnerabilidad de estos adolescentes, en términos sociales, económicos, de acceso a la educación, a la salud y a la justicia. El Programa Envión de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio venía acompañando esta situación familiar desde hace un año y medio, después de que su progenitor fuera condenado”, relata la Lic. Cecilia Turquet, Directora de Protección de Derechos.

Ya en contacto con el Programa Envión, M empezó a hablar sobre la desaparición de su mamá. Uno de sus hermanos mayores contó que regresando de la escuela, hace diez años, había visto al padre removiendo la tierra de la pieza. “Fue así que se empezó a trabajar la posibilidad de presentar una denuncia para la búsqueda del paradero de la madre”, explica la Lic. Turquet.

Tras la denuncia de M, el 15 de noviembre la policía junto con los bomberos cavaron en el lugar señalado y encontraron un esqueleto completo a un metro de profundidad.

El rol de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza

La Dirección de Protección de Derechos de la Secretaría tomó intervención -a partir del Programa Envión– con un informe.

“Me presenté y me puse a disposición. Charlamos muchas veces por teléfono con M”, cuenta la Lic. Turquet, quien, además, se puso en contacto con el servicio local que, tras la detención del padre, había cerrado la intervención.

Dos de los hermanos de M -de 14 y 15 años, con discapacidad mental y mutismo sin diagnosticar- estaban sin un Certificado Médico Oficial (CMO), sin un Certificado Único de Discapacidad (CUD) y sin escolarizar. Por esa razón, la Directora de Protección de Derechos pidió al servicio local que reabrieran la intervención para obtener el CMO y el CUD, esenciales para acceder a la pensión por discapacidad, además del cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) gestionado por el Programa Envión. Recientemente fueron escolarizados por primera vez, en un colegio secundario para personas con discapacidad.

Se espera que las pensiones gestionadas les permitan hacer reformas necesarias en el domicilio: “Si bien el pozo donde se encontraron los restos fue cubierto nuevamente con tierra, el piso continúa roto porque no pueden comprar cemento, arena y piedras para hacer el contrapiso y habilitar ese cuarto nuevamente. Además es simbólicamente terrible que continúe abierto. Con el compromiso de nuestra Secretaria Liliana Hendel estamos trabajando para poder subsanar esta situación a la brevedad”, observa la Lic. Turquet.

La causa judicial

La Dirección de Acceso Justicia -a cargo de la Dra. Florencia Piermarini– está trabajando en el seguimiento judicial de la causa penal en articulación con la Defensora General Marina de Santo mientras que el fiscal Gastón Dupláa es quien está interviniendo en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) de homicidios dolosos.

Inicialmente la causa había sido caratulada como averiguaciones de causales de muerte pero a las 24 horas cambió a homicidio agravado por el vínculo, ya que el principal sospechoso es el progenitor de los chicos.

La pericia de ADN de los restos óseos y de M (prevista el 3 de enero de 2023) servirá para poder confirmar si se trata efectivamente de su madre, es decir, para acceder a la verdad.

Solo si se confirma que fue feminicidio los dos niños con discapacidad tendrán acceso a la Ley Brisa, una reparación que otorga el Estado y que es compatible con la pensión: hablamos de un ingreso regular y estable de por vida que les permitirá mejorar su casa y acceder a terapias de salud integral para mejorar su calidad de vida.

Denunciar es importante

Si vos -que estás leyendo- o alguna persona conocida se encuentra en una situación de vulnerabilidad, es importante que puedas acercarte a denunciar en la seccional de policía la desaparición de la persona y brindar allí toda la información posible para ayudar a la búsqueda de paradero de la misma.

Acompañamos estos procesos también con el programa Si las buscamos no desaparecen.

Nunca es tarde para denunciar un hecho grave, informarse, pedir ayuda o solicitar acompañamiento.

No naturalizar una desaparición, el asesinato, la presunción de feminicidio, es responsabilidad de la sociedad en su conjunto.

Matanza avanza sin machismos.

Fuente: Secretaría de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidades

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