La apertura de ofertas por el 90% de AySA dejó como principal dato una propuesta de US$340,2 millones, presentada por el consorcio conformado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX.
De acuerdo con un comunicado difundido por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el monto ofrecido quedó por debajo de los US$450 millones que el Ministerio de Economía habría calculado como valor de referencia para la operación.
A partir de este resultado, el organismo volvió a poner el foco sobre uno de los principales cuestionamientos que viene planteando respecto del proceso: el acceso a la información sobre el verdadero valor de la compañía y las obligaciones ambientales que deberá afrontar quien tome el control.
Reclamo por la información de AySA
El Defensor Adjunto Walter Martello sostiene que, antes de la apertura de las ofertas, intentó determinar cuánto valía AySA y cuál era el alcance de su pasivo ambiental. Según el organismo, esa información no fue puesta a disposición del público.
El comunicado señala que la valuación de la empresa no fue publicada y que el denominado Data Room, donde se encontraba información relevante para los potenciales compradores, estuvo reservado a los oferentes privados.
Ante esa situación, el organismo recurrió a la Justicia Federal mediante un amparo colectivo y un pedido de acceso a la información pública, invocando la Ley 27.275.
“Los usuarios todavía no tenemos esos datos”, sostuvo el Defensor del Pueblo al cuestionar las condiciones en las que se desarrolla el proceso de venta.
El planteo apunta a que, antes de que se concrete la transferencia, se conozcan públicamente tres elementos centrales: la valuación de AySA, el pasivo ambiental y el esquema tarifario que se aplicará a los usuarios.
Cuestionamientos sobre el consorcio ganador
El comunicado también pone el foco sobre la composición del grupo que presentó la oferta más alta.
Según la información difundida por el Defensor del Pueblo, «Rowing forma parte del holding Equo Capital. A su vez, el organismo afirma que dos compañías pertenecientes a ese mismo holding —Direct Group y Lógico— realizaron aportes de $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025″, de acuerdo con los registros de la Cámara Nacional Electoral.
Este dato es presentado por el organismo como un elemento que debería ser conocido públicamente en el marco de la operación.
La existencia de esos aportes, por sí misma, no implica una irregularidad ni establece un vínculo causal con la adjudicación. El señalamiento del Defensor del Pueblo apunta a la necesidad de que exista «transparencia sobre los vínculos empresarios y económicos involucrados en una operación de esta magnitud».
Un posible incremento de los ingresos tarifarios
El tercer eje del reclamo está relacionado con el futuro esquema de facturación de la empresa, que entre otros, brinda servicio a todos los municipios de la región oeste.
De acuerdo con información que el Defensor del Pueblo atribuye al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), el grupo ganador estaría a la espera de una nueva categorización de los usuarios por zonas.
Según el organismo, ese cambio podría representar un flujo de caja adicional de aproximadamente US$93 millones anuales para la empresa.
El dato introduce otro interrogante en torno al valor económico de la operación: cuánto vale actualmente AySA y cuánto podrían modificar sus ingresos las futuras decisiones regulatorias y tarifarias.
El Defensor del Pueblo sintetizó su cuestionamiento con una frase: “quien compra ya sabe qué ingresos extra vienen, y quien paga la factura todavía no sabe cuánto pagará”.
El pedido antes de la firma
Frente a este escenario, el organismo bonaerense reclama que la información sea publicada antes de que se concrete la firma definitiva de la operación.
En particular, solicita que se conozcan la valuación utilizada para determinar el precio de AySA, el alcance de su pasivo ambiental y el esquema tarifario que se aplicará una vez concretada la transferencia.
La discusión adquiere especial relevancia porque AySA presta un servicio esencial de agua potable y saneamiento a millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La apertura de ofertas constituye así un nuevo capítulo en el proceso de transferencia de la empresa. Para el Defensor del Pueblo, el punto central ya no es solamente cuánto ofreció el consorcio ganador, sino también qué información tuvo a disposición para formular esa oferta y qué condiciones económicas y tarifarias enfrentará la compañía una vez que cambie su control.
El organismo sostiene que esos datos deben ser públicos antes de la firma, para que los usuarios puedan conocer las condiciones económicas de una operación que tendrá impacto directo sobre el servicio y sobre las futuras facturas de agua y saneamiento.
