En un fallo dividido, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón resolvió beneficiar con el «2 x 1» al cura Julio César Grassi condenado a 15 años de prisión por delitos de pedofilia. Si bien se le reconocería una ínfima porción de la pena, el abogado de las víctimas Juan Pablo Gallego adelantó que apelará la medida.
“Todavía no fuimos notificados. Estamos a la espera de esta confirmación. De ser así va a ser corregido inmediatamente, vamos a impugnar y actuar con firmeza ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Sin dudas debe revocarse”, explicó el sábado pasado el abogado de las víctimas Juan Pablo Gallego en diálogo con Último Compromiso, en FM Fribuay.
No Ficción pudo saber que los jueces Fabián Cardoso y Elizabet Fernández votaron en sintonía con lo resuelto en abril pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón que le había concedido este beneficio al imputado; mientras que el camarista Diego Grau votó en disidencia. En el fallo se explicitó que la pena de Grassi recién se extinguirá el 7 de agosto de 2026.
Esta condena había quedado firme el 21 de marzo de manera unánime por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Después, el TOC 1 de Morón efectúa un cómputo en el que se le aplica el 2 por 1 por un breve período de un año y nueve meses que corresponde a la supuesta prisión domiciliaria de Grassi”, agregó Gallego quien precisó que desde el fallo de la Corte a hoy, el máximo tribunal “se pronunció en contra de la aplicación de este beneficio que responde a una ley derogada. Incluso se ha dictado una ley reglamentaria indicando que de ningún modo podía aplicarse a favor de reclusos con condena firme y este es precisamente el caso de Grassi”.
En noviembre del año pasado el imputado sumó otra condena sobre sus espaldas. En esta oportunidad fue de casi tres años por haber desviado fondos de la Fundación Felices Los Niños para gastos propios como el alquiler de la denominada casaquinta La Blanquinta, que se había convertido en su base de operaciones desde que tuvo que abandonar la fundación.
Más asuntos pendientes
“Estamos frente a un delincuente múltiple”, fustigó el abogado querellante. Es que Grassi también deberá enfrentar otro juicio por desvío de fondos vinculado a ciertas donaciones que tenían como destino la fundación pero que eran entregados en la Unidad Penitenciaria 41 de Campana donde cumple condena para obtener una mejoría en su situación carcelaria.
Además, “tiene una cuarta causa de la que no se habla tanto pero que no está cerrada sobre un supuesto abuso de menores en El Calafate, localidad que frecuentaba porque tenía una suerte de subsede allí”, continuó Gallego.
Intervención de la Fundación
Este año el gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió remover a Juan Manuel Casolati quien estaba a cargo de la fundación desde fines de 2014. El ministerio de Justicia intervino la institución argumentado serias irregularidades en su administración por lo que resolvió liquidar sus bienes. Casolati denunció abiertamente que desde La Plata buscaban hacerse de las estratégicas 70 hectáreas que ocupa el predio para realizar un negocio inmobiliario. A instancias de Casolati, hace unos días atrás la justicia suspendió la “intervención liquidadora” y la reemplazó por una “administradora”.
Al respecto, Gallego, es quien abogado por el Comité Argentino de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, opinó: “Creo que a veces lo que nace mal sigue en ese rumbo. No conozco esa Fundación. Me han invitado pero me da asco por lo que ha ocurrido y ser la escena del crimen. La política global de encerrar a chicos unos arriba de otros no es la modalidad que el Comité tiene en la mira”.
“Ojalá el Estado pueda reorientar y racionalizar la tarea allí. Tengamos en cuenta que esta macroinstitución fue armada por este sujeto con enormes fondos proveídos en la época del menemismo. Sería excelente que conserve un destino que tenga que ver con la protección de los niños. Pero creo que hay que repensar cómo algo tan astronómico que fue armado evidentemente con intenciones de saqueos económicos y violación de menores puede redimensionarse a algo lógico”, analizó.
