El cuidado del ambiente en el Municipio de Ituzaingó atraviesa semanas de fuerte tensión y cuestionamientos públicos. En este contexto, se confirmó la salida de la subsecretaria del área, Débora Guerra, en medio de una serie de situaciones que abrieron el debate sobre el rumbo de la política ambiental local.
Uno de los hechos más relevantes fue la decisión de la Justicia de suspender 27 excepciones urbanísticas aprobadas por el Concejo Deliberante en diciembre, que habilitaban desarrollos inmobiliarios de gran escala en Parque Leloir, una zona históricamente considerada protegida por su valor ambiental y urbano.
A esto se suma el conflicto en torno al tratamiento de residuos reciclables. La cooperativa La Muchachita de los Toldos —única planta habilitada de reciclado en el distrito— denunció que el Municipio dejó de enviar los materiales del programa Ituzaingó Separa y que mantiene una deuda correspondiente a cinco meses de servicio de 2025. Además, señalan que no se renovó el convenio de trabajo para 2026, lo que pone en riesgo la continuidad del sistema de reciclado local.
Por otra parte, también se generó polémica por el proyecto de construcción de un estacionamiento subterráneo y la reconstrucción de la Plaza 20 de Febrero, iniciativa que despertó críticas desde distintos sectores políticos y vecinales, entre ellos la dirigente Natalia Peluso, quien cuestionó las prioridades de gestión en materia ambiental y urbana.
En pocas semanas, decisiones judiciales, conflictos con sectores de la sociedad civil y debates sobre el modelo de desarrollo urbano configuraron un escenario de creciente discusión pública en torno al ambiente en Ituzaingó.
