Lo que comenzó como una relación de cooperación mutua durante la pandemia terminó en un escándalo público. En diálogo con Radio Con Vos, Víctor Fera, titular de Marolio, disparó contra la gestión municipal de General Rodríguez, asegurando que se vio obligado a frenar la construcción de un nuevo molino harinero, una fábrica de vinagre y un centro de distribución.
«Es una locura. Nos piden que donemos el 5% de nuestra tierra, que son 21.000 metros cuadrados, para dejarnos hacer la subdivisión. Eso vale un millón de dólares. ¿Por qué tengo que regalar el esfuerzo de mi familia?», sentenció Fera. Según el empresario, quien también está al frente de Maxiconsumo, la inversión prometía generar 500 nuevos puestos de trabajo genuinos en la zona oeste, pero el conflicto legal por la subdivisión de parcelas dejó el proyecto en el limbo.
Fera fue más allá y recordó el apoyo de su empresa al municipio en momentos críticos: «Nosotros pusimos salas de internación, camas y comida cuando no tenían nada. Ahora nos ponen palos en la rueda. Si no nos quieren acá, los industriales nos vamos a otro lado y los que pierden son los vecinos».
La respuesta del intendente
Por su parte, el intendente Mauro García también utilizó los micrófonos de Radio Con Vos para bajarle el tono a la polémica, aunque manteniéndose firme en la postura técnica. «No es un capricho personal ni una persecución. Hay leyes provinciales y ordenanzas municipales que establecen que cualquier subdivisión para fines industriales debe ceder un porcentaje de tierra para uso público o calles», explicó.
García remarcó que el municipio siempre acompañó el crecimiento de Marolio, citando la habilitación de depósitos inteligentes, pero subrayó que «las leyes son iguales para todos, sea una pyme o una gran empresa. Decir que frenamos el trabajo es una falacia, solo pedimos que se presenten los planos como corresponde».
El nudo del conflicto
El conflicto técnico radica en el proyecto de infraestructura del predio. Según se desprende del cruce radial, la empresa se había comprometido a la apertura de una calle interna privada que conectara sus plantas, pero el Ejecutivo municipal advirtió que esa traza debe ser de dominio público para ajustarse a la Ley de Hábitat y la Ley de Tierras de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Ley 8912/77).
Mientras Fera denuncia que la municipalización de esa calle y la cesión de tierras lindantes son una exigencia desproporcionada que fragmenta su propiedad, desde la gestión de García sostienen que no pueden convalidar planos que ignoren la normativa provincial, ya que cualquier subdivisión parcelaria de esa magnitud obliga a la cesión de espacios para circulación y reservas de uso público.
