La discusión en torno a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a instalarse en la agenda pública tras la decisión de la provincia de Buenos Aires de no adherir a las modificaciones promovidas por el gobierno nacional. La medida generó críticas desde sectores que impulsan una flexibilización del sistema, al considerar que se trata de un trámite costoso y complejo para los automovilistas.
La iniciativa impulsada por la administración del presidente Javier Milei propone introducir cambios en el esquema actual de revisión técnica de vehículos. Entre los principales puntos, se destacan la ampliación de los plazos entre controles, la reducción de costos y la habilitación de más centros para realizar la verificación.
Sin embargo, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, decidió no adherir a estas modificaciones en el territorio bonaerense. De este modo, se mantendrá el sistema vigente.
Entre las críticas que fueron expresadas destaca la del senador provincial y exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien cuestionó la decisión del Ejecutivo bonaerense. “La provincia de Buenos Aires decide cerrarse al cambio y defender la burocracia”, sostuvo. En esa línea, consideró que el sistema actual implica “más costos para la gente y menos libertad para trabajar y circular”.
Según el legislador, la negativa a adherir al nuevo esquema propuesto por la Nación mantiene “un modelo con menos oferta de centros de verificación y mayores costos para los automovilistas”, lo que -a su entender- repercute directamente en la economía cotidiana de los ciudadanos.
Por su parte, desde el ámbito provincial no se difundieron en este contexto los fundamentos detallados de la decisión, aunque históricamente se ha sostenido la importancia de preservar controles estrictos en materia de seguridad vial.
El contraste entre ambas posturas refleja una diferencia más amplia en torno al rol del Estado en la regulación del transporte y los servicios. Mientras el gobierno nacional apunta a desburocratizar y ampliar la oferta, la provincia opta por sostener un modelo más centralizado.
La polémica, lejos de cerrarse, abre un nuevo capítulo en la relación entre Nación y provincia, con impacto directo en millones de automovilistas bonaerenses.
