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En medio de la crisis que sufre la coalición gobernante, desatada luego de las PASO legislativas, un tema que se cuela en la agenda presidencial es el avance de sectores políticos y empresarios sobre las indemnizaciones por despido.
Impulsado por el jefe de gobierno porteño, el PRO presentó en el Congreso un proyecto de ley que elimina las indemnizaciones y las remplaza por una suerte de caja de ahorro, en la que el propio trabajador y los aportes que ya realiza el empleador se ocuparían de sumar un salario anual, con el fin de que ese dinero sea cobrado por el trabajador en caso de despido. Lo cobraría en cuotas mensuales, hasta agotar lo acumulado.
Otro proyecto de similares características fue presentado por el senador Martín Lousteau. “Cuando cese la relación laboral, el Fondo Nacional de Cese Laboral le abonará al trabajador o trabajadora una suma equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses”, dice el texto enviado por Louteau. El gasto no lo afrontará el empleador, sino el Fondo Nacional de Cese Laboral, que se integraría con aportes mensuales obligatorios que efectuarán los empleadores.
La ministra de Trabajo bonaerense, en contra
Ante la consulta de No Ficción, la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, explicó: “La historia nos muestra que las políticas que promueven facilitar y abaratar los despidos no generan más empleo, generan más despidos. Sin ir más lejos, en las etapas en donde existieron gobiernos que flexibilizaron el trabajo, lo que creció fue el desempleo”.
La posición de Malec es tajante y, en ese sentido, evaluó: “El camino que debemos tomar es otro: el de fortalecer un modelo que garantice que la economía crezca de la mano de un mercado interno que pueda consumir, para generar empleos de calidad. Estamos en un tiempo que necesita que el Estado trabaje para cuidar a quienes tienen trabajo, mientras se esfuerza por generar las bases que promuevan nuevos empleos. El despido es uno de los eventos más traumáticos por los que puede pasar un trabajador”.
Para Malec, “cuando el Estado trabaja para proteger el empleo, se ven los resultados: por ejemplo, en la provincia perdimos menos empleos en 2020 en el contexto de la Pandemia, que en 2019, gracias a la combinación efectiva entre la prohibición de despidos y a la ayuda y acompañamiento que tuvimos con las empresas”.
Finalmente, la funcionaria consideró: “Se ha convertido en una frase común que el costo del despido es la razón por la que los empresarios no toman empleados. Tenemos que trabajar con el empresariado para cambiar la cabeza y que no se entienda que una forma de competir es bajándole la calidad de vida de los trabajadores, sino incorporando tecnología, mejorando métodos de trabajo y con formación profesional”.
Los empresarios de Tres de Febrero, a favor
Santiago Iuzzolino, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tres de Febrero, apuntó en diálogo con No Ficción: “Las relaciones laborales hoy están con convenios colectivos del año 1975. Habrá que actualizar ciertas normas. Desde el sector Pyme, así como están hoy las cosas, es difícil contratar porque no hay previsibilidad de cuál es el costo por contratar a un empleado”.
En el mismo sentido, continuó: “Hay pymes que necesitan tres personas, pero en estas condiciones prefieren no contratar a ninguno, por la industria del juicio. Esta Ley sería un avance para el sector Pyme porque las liberaría de pagar una indemnización”.
Iuzzolino analizó: “Para esto, se necesita un acción conjunta y que los sindicatos entiendan que si siguen así se van a quedar sin trabajadores. Esta Ley es para debatir porque es bueno que se ocupen de actualizar las normas”.
La alternativa de Industriales Pymes Argentinos
Industriales Pymes Argentinos (IPA), cámara que mantiene una relación afín al gobierno nacional y provincial, presentó un anteproyecto de ley para la creación de un Fondo de Indemnización y Retiro Universal, “que beneficia a los trabajadores, a las pymes, a los sindicatos y al gobierno nacional”.
El proyecto contempla la creación de una caja que administrará los fondos aportados por los empleadores pymes y el Estado nacional, para que estén a disposición del trabajador al momento de la finalización de la relación laboral, ya sea por renuncia, despido o jubilación.
“El trabajador cobrará del fondo que durante todos los meses fue acumulando en esa caja, que estará administrada por la ANSES. Actualizará el valor del aporte, de acuerdo a una tasa fijada por el Banco Central, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo del dinero que le pertenece al trabajador, generando así una masa de dinero que podrá ser utilizada para darle créditos a los trabajadores y financiar a las pymes en proyectos de desarrollo productivo”, dicen desde IPA.
Finalmente, aclararon: “Bajo ningún punto de vista se verán afectados los derechos del trabajador ni se modificarán los importes indemnizatorios. Por el contrario, el trabajador tendrá mayores beneficios, ya que siempre cobrará su indemnización, cualquiera sea la causa de su desvinculación laboral”.
