La vecina de Merlo y diputada Nacional de Cambiemos, María Luján Rey, presentó un proyecto para que, ante cada otorgamiento de prisión domiciliaria, se informe a la Cámara de Diputados sobre las nuevas condiciones de detención, así como también los datos de los presos que reciben la domiciliarias y quienes son los jueces y fiscales que intervienen en cada caso.
“Es una presentación en el marco de la pandemia del Covid-19, así que el pedido de informes tiene que ver con brindar los datos desde que empezó esto”, explicó Luján Rey a No Ficción. La referente de familiares y víctimas de la Tragedia de Once aclaró además que “si cuando todo esto pase siguen las excarcelaciones masivas haremos otro pedido, pero hoy es por el Coronavirus, porque es la justificación para dar estos beneficios”.
Además, el proyecto, presentado el martes, establece que “se debe informar si se cumplió en forma previa, el procedimiento que para estos casos establece la ley 27.372, y en especial se citó para escuchar el criterio de las víctimas”, sean o no querellantes en la causa. También “se requiera idéntica información a cada una de las jurisdicciones provinciales y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remita dichos informes a Diputados”.
Por otra parte, y a través de un comunicado, la vecina de Merlo expresó que “la ciudadanía entera debe saber cuáles son los presos que son beneficiados por estas medidas y quienes son los jueces que muchas veces desatienden el pedido de los familiares de las víctimas. Las tobilleras no alcanzan y ni siquiera son una garantía”. En la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación a 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías, según fuentes de la Procuración consultadas por Infobae.
La medida de las prisiones domiciliarias se estableció por el Poder Judicial ya que las condiciones de hacinamiento de las cárceles pueden generar un contagio masivo entre los presos. La acordada 9/20 la Cámara Federal de Casación Penal estableció que pueden solicitarlo aquellos detenidos que formen parte del “grupo de riesgo” y no tengan condena firme. Además, la iniciativa regirá hasta que finalice la emergencia sanitaria.
