Personas con discapacidad junto con familiares y terapeutas llegaron a la Plaza del Congreso para pedir que se apruebe la ley de emergencia en discapacidad. En la Cámara de Diputados debate la iniciativa, entre varios proyectos que fueron presentados por la oposición. Sin embargo, se dio un caso preocuante en el Acceso Oeste cuando Gendarmería impidió el paso a un grupo de ellos.
Este medio pudo saber que el hecho ocurrió cerca del mediodía en el Peaje Ituzaingó de Acceso Oeste, donde la comunidad educativa de un colegio para chicos con discapacidad de Moreno (que prefirieron no revelar su nombre) fueron las víctimas del dudoso accionar de la Gendarmería, que buscó diferentes pretextos para impedir que la veintena de personas puedan llegar a la manifestación.
Silvia, una de las terapeutas que estaba en el momento y filmó lo ocurrido, le contó a este medio que «lo que pedían era la documentación del transporte escolar, y cuando vieron que estaba en regla nos pidieron la hoja de ruta de la excursión, ante lo que le explicamos que esto no era una excursión«.
La profesional contó: «había chicos, familias y terapeutas, y por eso había gente grande en el transporte escolar, y le exlicábamos eso a los gendarmes, que estábamos yendo a la marcha«. Además, también le informaron que los chicos con discapacidad que estaban en viaje lo hacían al lado de sus padres ya que su condición les permite asistir a este tipo de eventos.
«Cuando vieron que estaba todo justificado, empezaron a decir que el transporte era de Provincia, entonces no podía pasar a Capital Federal, y para asegurarse de que no lleguemos nos querían hacer bajar en Acceso Oeste y dejar retenido el vehículo, pero teníamos chicos con discapacidad, no podíamos bajar ahí«, explicó la terapeuta, en lo que fue el mayor momento de desesperación del grupo.
Ante la negativa del grupo del colegio, «lo que hicieron fue escoltarnos con Gendarmería para asegurarse que lleguemos al colegio nuevamente«, dijo la terapeuta.
En medio de situaciones como estas, el Congreso se apresta a tratar este miércoles un proyecto de ley que declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 en todo el país. La iniciativa del diputado Daniel Arroyo, que ya tiene dictamen de mayoría desde la semana pasada, establece diversas medias para garantizar la continuidad de los apoyos para las personas con discapacidad y evitar que los centros especializados y consultorios cierren sus puertas.
El proyecto de ley dispone “el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social” y establece que las mismas se equiparen al 70% del haber mínimo jubilatorio, siempre que los ingresos no superen los 2 salarios mínimos.
La iniciativa también aplica la actualización de los aranceles de los prestadores ajustado por inflación y una compensación económica para los mismos con fondos del Tesoro Nacional.
El nomenclador que establece los valores universales de las terapias, transportes y otros apoyos no se actualiza desde diciembre del año pasado. Es decir, tuvo 0% de aumento en lo que va de 2025. Además, establece medidas económicas para evitar que continúen las caídas de los apoyos.
Otros de los puntos del proyecto son el establecimiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como documento válido en todo el país y la obligación de presentación por parte del Poder Ejecutivo de un informe anual al Congreso y la ciudadanía sobre la ejecución presupuestaria, pensiones otorgadas y compensaciones abonadas.
