Los aumentos de los servicios públicos se sienten en los primeros días de septiembre, principalmente en uno de los ítems que afecta tanto a los barrios populares como a las zonas rurales. Se trata de las garrafas, cuyo valor repercute aún más tras la eliminación del Programa Hogar. Es que a fines del mes pasado, el Gobierno de Javier Milei tomó la decisión de desregular ese mercado, que tenía topes de precios máximos, y que ahora liberados arrancó con valores de $10.000 para la de 10 kilos, que en una familia tipo apenas si alcanza para 15 días.
La medida impacta de manera diversificada en el conurbano oeste, ya que las conexiones a gas de red no son iguales en todos los distritos. Según el Censo del 2022, Moreno tiene el 65 por ciento de su población que utiliza el gas de garrafa (379.514 personas), en Merlo son el 56 por ciento (329.435), y en La Matanza se trata de un 46 por ciento (847.757) de los habitantes. La información se desprende de las estadísticas de «viviendas particulares ocupadas que utilizan para cocinar principalmente gas de red o electricidad por departamento, partido o comuna”. Como correlato de estos datos, las intendencias reciben pedidos de ayuda para afrontar los costos.
Si bien no era una medida muy difundida, los municipios tenían acuerdos con las empresas de gas envasado y precios de referencia para sus habitantes, con el fin de paliar los aumentos, sobre todo a los comedores populares. Pero con la desregulación del mercado de Milei, eso se cayó. Es el caso de Moreno.
“Se acordó un precio justo con empresas desde principio de año, que iban a los barrios y distribuían las garrafas, pero en este momento está interrumpido por la desregulación de precios”, confió a este medio una fuente que trabaja codo a codo con la intendenta Mariel Fernández. Más allá de este problema, aseguraron que la idea de la jefa comunal “es dar todo lo que se pueda mientras el municipio pueda”.
Consultados sobre qué se está haciendo para paliar la situación, desde el Municipio de Moreno dijeron que “se está trabajando para tener un nuevo acuerdo y seguir distribuyendo garrafas a precios accesibles. Es una prioridad, pero bueno, está difícil con la desregulación de precios”. Además, remarcaron que “no es de la única forma que ayuda la intendencia con el tema», porque por ejemplo asiste con programas de alimentos o compras especiales para comedores.
En La Matanza le comentaron a No Ficción que “en cuanto al aumento de los precios de las garrafas, el Gobierno local se encarga de la compra para toda la red de comedores infantiles y comunitarios de las 17 localidades del distrito”. Si bien allí no hay un acuerdo de precios con las distribuidoras, siguen haciéndose cargo de los lugares que frenan el hambre. Se estima que por comedor se requieren 6 garrafas por mes, por lo que el costo para cocinar solamente asciende a $60.000.
Además, “se asesora a las vecinas y vecinos con la finalidad de intentar llevar adelante las herramientas de ayuda y contención que necesita toda la población del distrito”. En ese plano, insistieron en La Matanza con que “se está confeccionando un recurso de amparo destinado a diferentes sectores, desde usuarios a PyMEs e industrias”, para frenar los tarifazos. A esto se le sumó la “instalación de termos solares en clubes de barrio e instituciones sociales que les ha permitido reducir hasta un 50 por ciento el consumo de energía, impactando directamente en las tarifas de los servicios”.
Del Municipio de Merlo, el segundo del oeste con más población que utiliza garrafas, no se llegó a contar con una respuesta al momento de publicarse esta nota.
Diferente es la situación en los otros distritos del oeste, donde la red de gas llegó de manera casi total. Volviendo a los datos del Censo, Morón es el municipio que más instalaciones tiene, con un 90 por ciento. Le sigue Tres de Febrero, con 88,6 por ciento de cobertura, luego viene Ituzaingó con el 81 por ciento; y por último, Hurlingham, con el 78,3 por ciento de sus habitantes con gas natural.
“En Morón no existen programas en ese sentido porque no hay demandas de los vecinos, y esto tendría que ver con que no usan garrafas. No llegan pedidos a la secretaría de Desarrollo Social”, le dijo un vocero del distrito a este medio, aunque remarcó: “estamos haciendo un censo propio para tener el detalle de los hogares que aún utilizan garrafas”. Según los datos del INDEC de 2022, serían 37.729 vecinos.
En Tres de Febrero la situación es similar. “Nosotros no estamos llevando a cabo nada de eso, sí damos asistencia solo a través del programa de fortalecimiento de organizaciones, que le brindamos garrafas a algunos merenderos y comedores”, le explicó a No Ficción una fuente del municipio que conduce el intendente Diego Valenzuela.
El rol de la Provincia
De esta forma, hay una parte del oeste que ve con serias preocupaciones la desregulación del precio de las garrafas y esperan por una posible medida desde la Provincia de Buenos Aires. De hecho, el Gobernador Axel Kicillof expresó su desacuerdo por la eliminación de los precios máximos para las garrafas del Programa Hogar, establecido en 2015, y que subsidiaba cerca del 80 por ciento del costo de las garrafas de 10, 12 y 15 kilogramos, permitiendo a muchas familias enfrentar los inviernos.
En aquel momento, Kicillof aseguró que «a la crueldad del Gobierno nacional» la Provincia le responde «con un Estado presente, transparente, eficaz y, sobre todo, más humano». En paralelo, la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) solicitó “encarecidamente que se declare a la garrafa como un servicio público esencial”.
