En primera persona, Carlos Scipione, presidente de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas (ATAECaDis), cuenta los problemas que le provoca al sector la inexplicable mora en los pagos a los proveedores del Programa Federal Incluir Salud por parte del gobierno nacional.
En una entrevista con No Ficción Radio, Scipione, quien desde Hurlingham representa a unos 900 transportistas de todo el país, describió la crítica situación que atraviesan junto a los diferentes centros terapéuticos y de rehabilitación, escuelas especiales y hogares que tratan las problemáticas de las personas con discapacidad y que no tienen obra social y que por Ley, el Estado debe hacerse cargo. “La situación es desesperante y en las provincias se agrava aún más, porque el último cobro que recibieron fue en diciembre”, explicó.
– ¿A cuántas personas con discapacidad les brindan el servicio?
– En todo el país calculamos alrededor de 40 mil personas.
– ¿Hace cuántos años que funciona el programa?
– El programa nació en la época de Carlos Menem. Pero empezó a funcionar en el 2003 cuando apareció el dinero que hacia falta para la discapacidad. Durante la gestión kirchnerista las prestaciones crecieron y las instituciones también. Fueron años de expansión en este sector.
– ¿La semana pasada marcharon al Congreso, por qué?
– Venimos reclamando hace varios meses, en algunos casos seis o siete, a las autoridades de Incluir Salud por los atrasos en los pagos y por la falta de adecuación en los aranceles en el nomenclador nacional de discapacidad. No tuvimos respuesta y venimos con atrasos muy importantes. Por ejemplo, nos han descontado el 20% de agosto, septiembre y octubre de 2017 y no nos han pagado todavía marzo. Ya no podemos seguir brindando la prestación a las personas con discapacidad. No podemos seguir con insumos dolarizados, como el combustible, asumiendo deudas y con un arancel de octubre de 2017.
– O sea, están perdiendo por la falta del pago y por la no actualización del nomenclador…
– Sí, aparte fue actualizado en octubre de 2017 y para nosotros, los transportistas, hubo un incremento del 16%. Es insuficiente. Las autoridades desde ese momento se han negado sistemáticamente a dialogar el tema del aumento del nomenclador. Incluso, han clausurado el directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad no convocándolo desde abril de este año, lo que significa que el ámbito donde podemos discutir el arancel está cerrado.
– ¿Mantienen diálogo con las autoridades?
– Intentamos reclamar y hacer ver a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, ya que es la titular de la Agencia Nacional de Discapacidad que acá hay una problemática que no sólo afecta a un montón de trabajadores sino que atenta directamente contra las personas con discapacidad que están quedando sin la prestación de transporte y sin el resto de las prestaciones ya que no pueden concurrir a sus instituciones, a sus rehabilitaciones, a sus terapias con sus profesionales. Esto ocasiona un gran daño a un sector muy vulnerable, porque el Sistema Federal Incluir Salud justamente está dirigido a la población que no cuenta con obra social.
– ¿Y qué les respondió Michetti?
– En el último Consejo Federal la vicepresidenta aseguró que la cuestión se iba a resolver muy pronto y no fue así. Hubo varios compromisos de ponerse al día en los pagos y de sentarse a discutir el nomenclador nacional que jamás cumplieron. Hace un mes asumió en la Agencia Santiago Ibarzabal, el último director, Javier Ureta nos entretuvo porque nos hizo presentar los estudios de costo, nos sentamos dos o tres veces a discutirlo y cuando se dio cuenta del arancel que tenía que pagar, se terminaron las conversaciones.
– ¿Cómo se trabaja de esa manera?
– Es que en realidad ya no se puede, los compañeros están dejando de trasladar a las personas. En las provincias es caótico el tema. Hay una cuestión rara y parece a propósito, porque al sacar el transporte, automáticamente se caen el resto de las prestaciones. Entonces, dejo de pagar transporte y el resto de las prestaciones. Muchas instituciones están al borde de la quiebra, los profesionales independientes no pueden seguir porque han recibido sólo el 5% de aumento en octubre de 2017.
– ¿Es cierto que notaron un ajuste en la liquidación de mayo?
– Si, terrible, parece que fue una especie de castigo por visualizar el problema que tenemos. Unas 96 horas antes de la movilización no enterábamos que en la liquidación de mayo nos estaban descontando masivamente a los transportistas el 40% de lo facturado, sin ninguna explicación. Esto es una provocación.
– ¿Piensa que se va a resolver la situación?
– El tiempo de promesas esta terminado, ahora es tiempo de resolver las cosas y eso es pagando lo que nos deben inmediatamente. Tienen que dejar de mentir, hay deudas desde el 2016 que no han sido pagadas que ellos llaman facturas complementarias. Además, tienen que convocar una urgente reunión del directorio de la Agencia para empezar a tratar el tema arancelario.
