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El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Matanza condenó este martes a Leandro Daniel Suárez a prisión perpetua por el crimen de Roberto Sabo, el kiosquero que fue asesinado a balazos en noviembre de 2021 durante un asalto a su comercio en la localidad de Ramos Mejía.
La sentencia fue dictada por los magistrados Diego Burgueño, Arturo Gavier y Lucila Pacheco luego de las audiencias donde el fiscal del juicio Sergio Alejandro Antín pidió que el acusado sea condenado a prisión perpetua. De igual modo lo hicieron Humberto Próspero y Fernando Burlando, que representan a la familia de Sabo como particular damnificada.
En su alegato, el fiscal solicitó a los jueces que condene a Suárez por los delitos de «homicidio calificado con la participación de una menor de edad, robo calificado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil y de guerra«.
Un detalle que no se conoció hasta el juicio y los magistrados tuvieron que resolver fue la nueva versión del acusado, quien habló de un forcejeo, que cuando escapaba del kiosco, Sabo se le abalanzó y lo tomó de las piernas. La fiscalía había presentado pruebas de todo lo contrario: «efectuó cuatro disparos contra la víctima, dos que impactaron en el rostro y dos en el tórax. Todos fueron a corta distancia, de forma descendente, casi a modo de ejecución«.
El asesinato de Sabo ocurrió el domingo 7 de noviembre de 2021. Suárez y una adolescente de 15 años llegaron hasta el kiosco a bordo de un remís que tomaron en Ciudadela, partido de Tres de Febrero. Armado con una pistola semiautomática calibre 7.65 y un revólver 22, el imputado le robó 10 mil pesos al comerciante y le disparó a quemarropa cuatro tiros.
Al momento de la fuga, el presunto asesino y su cómplice le sustrajeron el auto al remisero que los había trasladado, pero lo chocaron a los pocos metros. Luego, decidieron ingresar a un supermercado de la zona para esconderse entre la gente y le sustrajeron la moto a un repartidor, pero no lograron concretar la huida: finalmente fueron detenidos en la zona.
La adolescente implicada, al tener 15 años, no fue imputada por el hecho, tal como indica el código penal, y continuó su vida en una institución de menores.
