Cuatro miembros de una secta llamada «Abba Krishna» fueron condenados por trata, al comprobarse que captaban a personas para obtener rédito económico e inducirlos a distintas prácticas sexuales, en la localidad de 20 de Junio, en el partido de La Matanza.
El fallo fue emitido por el Tribunal Oral del Criminal Federal N°2 de San Martín y se supo que una de las personas damnificadas era menor de ocho años en el momento de los hechos.
«Abba Krishna» captó a ocho víctimas con el objetivo de conseguir réditos económicos mediante distintas prácticas de índole sexual, en un predio que se encontraba en la localidad de 20 de Junio, en el límite de La Matanza y Merlo.
La investigación se originó a través de una denuncia anónima realizada por correo electrónico y recibida por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. En ese mail, dio cuenta de los diferentes hechos sufridos en el marco del templo «Abba Krishna».
Las personas acudían al templo para recibir contención afectiva y ser acompañadas por una guía espiritual, pero con el tiempo eran reducidas a la servidumbre y sometidas a prácticas sexuales.
El allanamiento del predio de 20 de Junio se realizó en diciembre de 2021 y culminó con la detención de cinco personas, entre ellas el líder de la banda, un hombre al que no pudo condenarse por ser considerado incapaz.
Por el caso fueron imputados Francisco Aurelio Pugliese, Leonardo Abel Gandarinho, Carina Lorena Cardoso y Lisa Beatriz Baissetto, quienes recibieron cuatro años de prisión luego de haber aceptado un juicio abreviado.
Tras el avance de la pesquisa, a los cuatro involucrados se les reprochó el haber colaborado en la captación y acogimiento para finalmente obtener réditos económicos de ellos mediante la reducción a la servidumbre, además de someterlos a distintas prácticas de índole sexual.
Fueron condenados en calidad de partícipes secundarios del delito de «trata de personas agravado por haber sido cometido: mediando engaño y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, contra más de tres víctimas, con la participación de más de tres personas y la intervención del ministro de un culto no reconocido».
También por una participación secundaria en el delito de «abuso sexual agravado por haber sido cometido: con acceso carnal, en forma gravemente ultrajante, por parte del ministro de un culto no reconocido, con la intervención de más de tres personas y contra una menor de dieciocho años, aprovechando una situación de convivencia preexistente».
Por otro lado, al finalizar la causa, los jueces Walter Antonio Venditti, Fernando Machado Pelloni y Daniel Omar Gutiérrez, ordenaron una retribución económica de $2.679.000 a $36.447.000 para cada una de las ocho damnificadas del caso, que deberá hacerse efectiva a través del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
