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El 13 de noviembre pasado, uno de los custodios del intendente Gustavo Menéndez se presentó en la UFI 3 de Morón por orden de su jefe, para denunciar una maniobra delictiva que vinculaba a funcionarios de Tierras y Viviendas con la comercialización fraudulenta de terrenos fiscales. En las últimas horas, la justicia allanó las oficinas del municipio y detuvo al titular del área y a uno de sus colaboradores.
Según se desprende de la denuncia, a la que tuvo acceso No Ficción, hace unos dos meses atrás el intendente tomó conocimiento de la queja de un vecino que hacía alusión a esta posible estafa. En ese momento, Menéndez le encomendó al jefe de su custodia, Juan Losada, que averiguara la veracidad de la versión.
Losada, entonces, se contactó a con dos personas quienes entre el 3 y 4 de noviembre se comunicaron con quienes decían vender los terrenos para comentarles la idea de adquirir algunas tierras para poner una cascotera. El encuentro fue pautado para el jueves 5 de noviembre en la reconocida confitería La Farola, situada en Juncal y Suipacha, en Merlo.
Finalmente, los sospechosos prefirieron que la reunión se hiciera directamente en la Dirección de Tierras y Viviendas, donde los presuntos compradores se entrevistaron con Federico Abud Lemme, quien se presentó como subdirector del área aunque tiene un cargo menor, y con el propio titular del sector, Hernán Rivarola Amadeo.
La negociación tuvo ribetes tragicómicos. Los falsos compradores indicaron que querían una hectárea para erigir el supuesto negocio, y del otro lado la contrapropuesta fue de 6 hectáreas por un valor de 3 millones de pesos. Se trataba de tierras en la localidad de Mariano Acosta sobre la autopista que está en construcción. Los ofertantes insistieron que tenían 1 millón de pesos para invertir y que no necesitaban tanto espacio.
Los funcionarios entonces, siempre según la denuncia, advirtieron que por 1 millón de pesos ni siquiera bajaban al territorio, porque la compra del terreno suponía que los vendedores debían ir al barrio para hablar con los vecinos y presentar a los nuevos propietarios, quienes contarían con la documentación legal, para que no haya mayores preocupaciones.
Llegado a ese punto de la negociación, se pautó un encuentro para el pasado martes 17 de noviembre donde los falsos compradores debían tomar una decisión. En la denuncia ante la UFI 3, consta que todo había sido documentado de manera fílmica con cámaras ocultas y dejan a disposición los números de teléfonos de los implicados.
Allanamientos y detenciones
El fiscal Mario Ferrario ordenó escuchas telefónicas, convalidó las identidades de los involucrados y pautó una entrega controlada del dinero. Según trascendió, investigadores policiales supervisados por la justicia acordaron una reunión con Rivarola Amadeo y con su auxiliar, Abud Lemme, para concretar la supuesta compra de unos terrenos.
Los sospechosos recibieron el pago de un millón de pesos por parte de los policías, quienes se retiraron de la escena. Luego, se produjo un allanamiento al lugar y el dinero fue secuestrado en un armario de la oficina de Tierras y Viviendas, en el palacio municipal de Merlo. Las casas de los funcionarios también resultaron allanadas. Tras los operativos, ambos funcionarios fueron detenidos y quedaron a disposición del fiscal.
La causa tiene un tercer sospechoso: el hermano de Rivarola Amadeo, quien estaba en un automóvil a pocos metros del lugar de la reunión. Al revisar el vehículo, los policías encontraron varias dosis de droga.
Por su parte, el intendente declaró que su hermana, Karina Menéndez, a cargo de la secretaría de Desarrollo e Integración Social de Merlo que está por encima de la Dirección de Tierras, «estaba al tanto de la denuncia judicial. Es ella quien me alerta de la presunta situación irregular que involucraba a funcionarios de su área. Ahí, empezamos a prestar atención y luego llegaron denuncias de vecinos”.
Es que en paralelo, según se informó desde la comuna, vecinos de la localidad de Mariano Acosta también denunciaron ante la municipalidad que luego de comprar tierras al municipio, llegaban policías con intención de desalojarlos, situación que no terminaba de concretarse porque los compradores mostraban los papeles de la supuesta transacción.
