Mediante un mail y sin previo aviso, las 150 personas que trabajan en la Justicia Federal de Morón (3 Juzgados) se enteraron hace unas semanas que el próximo 4 de diciembre deben abandonar el edificio donde cumplen funciones hace más de diez años. ¿La razón? La Administración del Consejo de la Magistratura de modo unilateral decidió dejar de pagar el alquiler del inmueble de la calle Crisólogo Larralde 673 de Morón, según detallaron los empleados.
Ante la falta de pago del alquiler, cuyo contrato se viene extendiendo desde 2003, el propietario, Jorge Azariu, inició un juicio de desalojo y la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal fijó un plazo para instar esa medida.
Desde 2003, se fue alquilando en sucesivos contratos al Consejo de la Magistratura pero en 2013 el convenio se rompió ya que el propietario no aceptó el precio que ofrecían desde el Poder Judicial y desde entonces el dueño acusa la falta de pago que estima en unos 40 mil dólares mensuales.
Incluso, desde la Corte Suprema de Justicia se sugirió al Consejo de la Magistratura que inicie los trámites con fines de expropiación del edificio teniendo en cuenta que es un bien afectado a la utilidad pública. “Circunstancia que no pasó” explicaron desde los juzgados.
Ahora la alternativa que se baraja es mudar a los tres Juzgados a un sector con la mitad de superficie (1400 metros cuadrados) a 10 cuadras dentro del polo industrial La Cantábrica, “lo que implica que si una persona quiere realizar una denuncia deba tomarse no menos de dos colectivos y un tren” se quejaron. A su vez, agregaron que “por ser una zona industrial está plagada de camiones que realizan maniobras que ponen en riesgo a los transeúntes, exige el registro de todos los ingresantes (lo que va en contra de la protección de identidad de los denunciantes), no cuenta con acceso para personas con discapacidad y no cuenta con espacio para el alojo de personas privadas de la libertad”.
Se trata de tres Juzgados con causas sensibles de narcotráfico, trata de personas, secuestros extorsivos, corrupción, entre otras, “que se ven obligados a salir del contacto con la gente por razones ajenas a su actividad”, añadieron.
Asimismo, el personal afectado remarcó que en el lugar al que se pretende trasladar los juzgados “no existe espacio para oficinas sino áreas abiertas de co-working, sin espacio para resguardo de documentación y/o efectos sensibles (droga, por ejemplo), ni para que los abogados puedan entrevistar a sus asistidos”.
De igual modo, apuntaron contra el actual Administrador del Consejo de la Magistratura, Claudio Cholakian, que “es el mismo que tomó la decisión de dejar de pagar y hoy empuja a 150 personas a un sector en el que nada tiene que hacer un Juzgado”.
Por último, remarcaron que frente al desalojo, cuya decisión de la Cámara Contenciosa lleva más de 4 años, “ni el Consejo, ni la Corte Suprema dieron señas de querer solucionarlo hasta ahora, a menos de dos meses, sin intervención de las personas perjudicadas”.
