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Siguen las repercusiones luego del anuncio del Gobierno, que oficializó la toma de acciones judiciales con el fin de declarar como nulas las prórrogas de las concesiones de la autopista Panamericana y Acceso Oeste, esta última manejada por el Grupo Concesionario del Oeste (GCO).
“Además de pedirle a la Justicia que anule los contratos, vamos a presentar una acción de amparo para que la administración de las autopistas pase al Estado“, dijo ayer por la tarde el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en una entrevista con Radio Con Vos.
Vale recordar que en 2018 el entonces presidente Mauricio Macri extendió hasta 2030 la concesión de la autopista a los privados. De acuerdo con los contratos firmados en ese entonces, y según lo solicitado por las empresas, en algunas estaciones de peaje se debería estar pagando 1.830 pesos si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para frenar los aumentos. ¿Por qué? Porque aquél acuerdo dolarizó los peajes.
La decisión del Gobierno de estatizar la autopista que une a la Ciudad de Buenos Aires con toda la Zona Oeste tiene un correlato local. Particularmente en Morón, que informó que el “Grupo Concesionario del Oeste SA deberá pagar al Municipio $23.335.417,90 más intereses y costas, en concepto de deuda por el no pago de la tasa por el mantenimiento y/o reconstrucción de las vías de acceso a las autopistas, entre 2016 y 2020”.
Así lo dispuso la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón, que ratificó un fallo de diciembre último del Juzgado N° 3 de este departamento judicial, a favor del reclamo de la comuna.
Al igual que la decisión judicial de primera instancia, este fallo de la Cámara de Apelación se basa en el cumplimiento de la Ordenanza Fiscal que establece que “las empresas concesionarias del Estado Nacional y/o Provincial o Municipal, y/o quien explotare corredores viales o autopistas por peajes, tributarán en concepto de mantenimiento y/o reconstrucción de las vías de acceso a las mismas”. “Su percepción tiende a asegurar la autonomía del Municipio y el cumplimiento de sus fines específicos, constitucionalmente tutelados”, argumentan en su resolución los camaristas Roberto Jorda y Liliana Ludueña.
A pesar de las denuncias, los privados no se quedaron callados y todo indica que habrá un largo camino en Tribunales. Las empresas que gestionan las autopistas de Acceso Norte y Oeste respondieron este jueves a la decisión del Gobierno y reafirmaron la validez del contrato firmado en 2018 y anticiparon que judicializarán el proceso.
