La historia se remonta a una serie de operaciones de inversión que, según la denuncia, habrían terminado en una millonaria defraudación entre personas vinculadas por años de amistad y por su pertenencia al club de rugby Los Matreros, en Morón. Entre 2009 y 2017, Diego Berra habría recibido importantes sumas de dinero de distintos conocidos, con la promesa de una rentabilidad superior a la del mercado financiero. Uno de los denunciantes, por caso, reclamó más de US$ 2,1 millones, además de varios millones de pesos. La causa avanzó en la Justicia ordinaria, pero la posible conexión de los hechos con una investigación federal por presuntas maniobras financieras abrió una disputa por la competencia que ahora tuvo un giro decisivo: la Cámara de Morón ordenó que el expediente pase al fuero federal.
La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón revocó una resolución que favorecía una salida alternativa para Berra y ordenó remitir el expediente al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón.
La novedad fue difundida por el abogado Walter Brizzio en sus redes sociales, quien representa a varios damnificados en la causa. Según precisó, la resolución fue dictada el 8 de octubre de 2026 por los jueces Sandra Claudia Mingolo y Adolfo Eduardo Naldini, quienes dejaron sin efecto la decisión de la jueza Mercedes Conti.
El planteo de los denunciantes apunta a que las presuntas estafas no sean investigadas de manera aislada, sino en conjunto con otras maniobras bajo investigación federal, vinculadas con la intermediación financiera sin autorización y el presunto lavado de activos.
Un perjuicio que supera los dos millones de dólares
De acuerdo con Brizzio, las maniobras denunciadas se habrían apoyado en vínculos de amistad, confianza y relaciones familiares construidos alrededor de Los Matreros. Entre los afectados habría personas que entregaron sus ahorros y parte de su patrimonio a quienes conocían desde hacía años.
CASO DIEGO BERRA y su #EstafaPiramidal MILLONES DE DÓLARES, COMPAÑEROS DE RUGBY ESTAFADOS LA JUSTICIA FINALMENTE NOS DIO LA RAZON Durante años, Diego Berra fue acusado de aprovechar los vínculos de amistad, la confianza y las relaciones familiares construidas alrededor del Club Los Matreros para desarrollar maniobras que habrían provocado perjuicios económicos millonarios. No hablamos de pequeños ahorristas . Hablamos de personas que confiaron sus ahorros, su patrimonio y, en algunos casos, millones de dólares a quien conocían desde hacía años. (Solamente uno de los damnificados denunció un perjuicio superior a los 2.176.000 dólares, además de importantes sumas en pesos.) Y mientras las víctimas reclamaban justicia, un fiscal impulsó un acuerdo de juicio abreviado y posteriormente prestó conformidad para que Berra accediera a una suspensión del juicio a prueba! Nos opusimos. Recurrimos. Sostuvimos que no se podía fragmentar una investigación de semejante magnitud, separando las presuntas estafas de las maniobras de intermediación financiera no autorizada y el lavado de activos que investigaba simultáneamente la Justicia Federal del dinero ilegalmente invertido en EEUU Finalmente, EL 8 DE OCTUBRE DE 2026, LA SALA III DE LA CÁMARA DE APELACIONES Y GARANTÍAS DE MORÓN NOS DIO LA RAZÓN. Los jueces Sandra Claudia Mingolo y Adolfo Eduardo Naldini revocaron la decisión de la jueza Mercedes Conti y ordenaron remitir la causa al Juzgado Federal N.º 1 de Morón. ¿Por qué es tan importante esta resolución? Se trata de impedir que la justicia penal se convierta en una negociación de conveniencia que deje a las víctimas mirando desde afuera garantizando la impunidad de los delincuentes de guante blanco . Dicen que en el rugby, la confianza es un valor y en la Justicia, debe ser una responsabilidad. #CasoBerra #DiegoBerra #ClubMatreros #JusticiaFederal #EstafasMillonarias #Morón #JusticiaArgentina #DerechosDeLasVictimas
— Walter Brizzio (@walterbrizzio) October 13, 2026
El abogado afirmó que uno de los denunciantes declaró haber sufrido un perjuicio superior a los 2.176.000 dólares, además de importantes sumas en pesos.
La magnitud del reclamo económico es uno de los elementos que los representantes de las víctimas invocan para cuestionar el tratamiento separado de los distintos hechos. Brizzio sostuvo que la investigación debe contemplar tanto las presuntas defraudaciones como el recorrido del dinero y las operaciones financieras que se encuentran bajo análisis judicial.
La discusión por una salida alternativa
En paralelo con la discusión sobre el destino de la causa, el expediente había avanzado hacia una instancia en la que se evaluaban posibles salidas alternativas al juicio oral. Según surge de la resolución, el fiscal había impulsado un acuerdo de juicio abreviado en septiembre de 2025. Sin embargo, durante una audiencia realizada el 11 de marzo de 2026, la defensa de Diego Berra solicitó la suspensión del proceso a prueba, con el ofrecimiento de una reparación económica para los presuntos damnificados. El representante del Ministerio Público Fiscal prestó conformidad con esa propuesta.
El 27 de mayo se realizó una nueva audiencia para analizar la alternativa. Las víctimas rechazaron el ofrecimiento por considerar insuficiente el monto de la reparación. Al momento de resolver el planteo de competencia, ambas propuestas seguían pendientes de decisión.
La Cámara de Apelación y Garantías de Morón no resolvió sobre esas alternativas. Su pronunciamiento se concentró en determinar qué jurisdicción debía continuar con la investigación. En ese punto, hizo lugar al recurso de los damnificados, revocó la decisión de la jueza Mercedes Conti y ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón.
El antecedente de la investigación federal
La resolución, a la que tuvo acceso No Ficción también repasa los antecedentes de la causa que tramita en el fuero federal. El 9 de junio de 2025, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón había dictado el procesamiento de Diego Berra y Carlos Raimundo Berra por presuntas maniobras de intermediación financiera no autorizada y estafas.
Sin embargo, al revisar esa decisión el 12 de marzo de 2026, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó parcialmente el pronunciamiento en lo relativo al delito contra la propiedad y dictó la falta de mérito respecto de la presunta intermediación financiera no autorizada. Para profundizar esa última investigación, el juzgado federal solicitó posteriormente información al Banco Central de la República Argentina sobre la eventual realización de esa actividad por parte de los investigados.
Este antecedente fue central en el razonamiento de la Cámara de Morón. El tribunal entendió que, ante la posible conexión entre las presuntas defraudaciones y la actividad financiera investigada, correspondía que la Justicia Federal analizara los hechos de manera integral y evitara la fragmentación de procesos potencialmente vinculados.
La decisión modifica la jurisdicción que deberá continuar con la causa, pero no constituye una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal de los investigados.
