Una joven que había viajado desde Tucumán y tenía un pedido de paradero vigente fue la pieza que terminó de abrir una investigación sobre una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. A partir de ese hallazgo, la Justicia logró reconstruir el funcionamiento de una red que captaba mujeres en situación de vulnerabilidad, las trasladaba al Área Metropolitana de Buenos Aires y las explotaba en departamentos alquilados de manera temporaria.
La causa comenzó en agosto de 2025, cuando personal de la Policía Federal detectó en la Terminal de Ómnibus de Retiro la llegada de dos mujeres provenientes de Tucumán. Una de ellas tenía un pedido de paradero vigente realizado por sus familiares, situación que activó el protocolo previsto para posibles casos de trata de personas.
Las entrevistas realizadas por especialistas permitieron advertir indicadores compatibles con ese delito. Según la investigación, la joven había sido captada mediante una falsa oferta laboral y trasladada hasta el AMBA con fines de explotación sexual.
A partir del análisis de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante la pesquisa, los investigadores lograron reconstruir la estructura de la organización y determinar el rol que desempeñaba cada uno de sus integrantes.
De acuerdo con la causa, la banda seleccionaba mujeres en situación de vulnerabilidad en distintas provincias del país, principalmente en Tucumán, para luego trasladarlas hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Los investigadores establecieron que la organización contaba con una mujer que actuaba como captadora en Tucumán. Su tarea consistía en contactar y seleccionar a las víctimas, mientras que otro integrante era el encargado de organizar los traslados, ya fuera en vehículos particulares o en micros de larga distancia.
Una vez en el AMBA, las mujeres eran explotadas sexualmente en departamentos de alquiler temporario, una modalidad que, según la investigación, permitía reducir los controles y dificultar la detección de la actividad ilícita.
Durante la pesquisa también se recurrió a distintas tareas de inteligencia criminal, entre ellas la utilización de la figura del denominado «Agente Revelador Digital», una herramienta que permitió obtener información sobre el funcionamiento de la organización y reunir nuevas pruebas.
Con los elementos reunidos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 ordenó siete allanamientos simultáneos: dos en Villa Tesei, uno en Castelar, tres en el barrio porteño de Palermo y otro en Yerba Buena, Tucumán.
Como resultado de los procedimientos fueron rescatadas ocho mujeres que eran víctimas de explotación sexual. Además, quedaron detenidas cinco personas acusadas de integrar la organización: tres mujeres —dos de nacionalidad colombiana y una argentina— y dos hombres venezolanos.
En los allanamientos también fueron secuestrados teléfonos celulares, notebooks, computadoras, tarjetas SIM, cuadernos con anotaciones y otros elementos que serán incorporados a la causa, en la que se investiga una presunta infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas.
