El Gobierno nacional evalúa medidas para resolver la deuda que la provincia de Buenos Aires mantiene con dos hospitales de gestión compartida (SAMIC): el Hospital René Favaloro de Rafael Castillo y el Hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ser consultado sobre los fondos que, según Nación, la administración bonaerense adeuda en estos centros de salud.
Durante su conferencia de prensa, Adorni afirmó que la gestión de Axel Kicillof no transfirió los fondos obligatorios para el sostenimiento de estos hospitales en los últimos años. En ese marco, detalló que la deuda acumulada alcanzaría los $42.297 millones en el caso del Hospital René Favaloro y los $8.375 millones correspondientes al Hospital Alberto Balestrini. Ambos forman parte del sistema SAMIC, que implica una responsabilidad financiera compartida entre Nación y la Provincia.
“Su presupuesto es de 34 billones de pesos y, a pesar de ser gestión compartida, hoy estos hospitales están totalmente financiados por el Estado nacional”, sostuvo el jefe de Gabinete. Además, cuestionó las prioridades del gobierno bonaerense y remarcó que “sería bueno que siempre se le dé prioridad a la salud de los bonaerenses”.
Desde 2024, las autoridades sanitarias nacionales vienen señalando la situación de los hospitales SAMIC, aunque hasta el momento no se habían anunciado medidas concretas. En ese contexto, Adorni reconoció que el Gobierno analiza distintas alternativas para abordar el conflicto, entre ellas la judicialización de la deuda, la transferencia de la gestión a la Provincia o la compensación a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que permite saldar deudas cruzadas entre Nación y jurisdicciones subnacionales.
“Están sobre la mesa todas las alternativas, incluso algunas que probablemente sean el curso a seguir”, indicó el funcionario. Fuentes del sector de la salud agregaron que el Ejecutivo también mantiene conversaciones con actores relevantes para explorar esquemas que permitan sostener hospitales públicos nacionales con nuevos modelos de gestión, lo que disparó alertas sobre un avance de la «privatización» de los servicios.
El debate se da en paralelo a la publicación del Decreto 460/2025, mediante el cual el Gobierno dejó sin efecto la facultad del Ejecutivo para crear nuevos hospitales SAMIC y dispuso la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales. En la normativa se plantea la necesidad de avanzar hacia una mayor descentralización y se cuestiona la eficacia de los entes interjurisdiccionales para garantizar una distribución equitativa de recursos y responsabilidades.
La respuesta de la Provincia
Desde la provincia de Buenos Aires rechazaron las cifras difundidas por Nación y aseguraron no haber sido informados sobre el cálculo de la supuesta deuda. Además, denunciaron la falta de diálogo con la Casa Rosada y advirtieron que cualquier modificación en el esquema de funcionamiento de los hospitales debería pasar por el Congreso, dado que los SAMIC se rigen por la Ley 17.102 de Salud Pública.
En este sentido el gobierno de Axel Kicillof fijó posición con relación a los hospitales de gestión compartida, luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni acusara a la provincia de Buenos Aires de mantener una deuda millonaria con esos establecimientos, y después de que Nación deslizara que evalúa pasarlos a un esquema de gestión privada.
«No vamos a permitir que los bonaerenses dejen de recibir la atención que se merecen», afirmó el asesor general de Gobierno de Buenos Aires, Santiago Pérez Teruel. Con esa declaración taxativa, el funcionario de Kicillof no sólo descartó de plano la posibilidad que analiza el gobierno de Javier Milei, sino que rechazó la legitimidad del reclamo de fondos para financiar los hospitales: “Es para la discusión política, exageran la cuestión para compensar que nos deben $13 billones”.
